El colectivo Todos por la Salud, que agrupa a pacientes, personal médico y ciudadanos, denunció este lunes que la crisis del sistema de salud en Colombia ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una “catástrofe humanitaria” y un escenario de victimización institucional que afecta a millones de personas.
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Según la organización, la negación sistemática de atención oportuna y la interrupción de tratamientos vitales constituyen un daño grave e irreparable al proyecto de vida de los pacientes, quienes —subrayó— no deben ser considerados simples usuarios, sino víctimas que requieren verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, conforme a los principios de derechos humanos establecidos por la ONU.
El colectivo advirtió que uno de los impactos más visibles de la crisis se refleja en los indicadores de salud pública, con retrocesos en avances logrados durante décadas. A su juicio, el colapso financiero y administrativo del sistema está provocando muertes evitables y una afectación directa a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.
Entre los datos expuestos, señaló que la cobertura de tratamiento antirretroviral cayó al 80 % en 2024, lejos del objetivo del 95 % fijado por Onusida, lo que dejó a más de 35.000 personas sin tratamiento y coincidió con el registro de más de 20.000 nuevos casos de VIH en ese año, atribuidos a fallas en la prevención.
También alertó sobre el riesgo vital que enfrentan pacientes con cáncer, trasplantes, diabetes y otras patologías crónicas, debido a la escasez de medicamentos como la insulina y a la interrupción de quimioterapias, tratamientos inmunosupresores y servicios de alta complejidad.
En el caso de las enfermedades raras, citó cifras de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), que reportó más de 2.033 muertes en 2025, asociadas a barreras administrativas y falta de continuidad en la atención.
El colectivo atribuyó parte de la crisis a la retención de recursos públicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la ineficiencia de las EPS intervenidas por el Gobierno, lo que, aseguró, ha asfixiado financieramente a hospitales y clínicas y ha provocado cierres de servicios esenciales en varias regiones del país.
Asimismo, cuestionó la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definida para 2025, al considerar que no cubre el costo real de la atención en salud, ni compensa la inflación del sector, el aumento de enfermedades crónicas y el encarecimiento de medicamentos, insumos y talento humano.
Desde una perspectiva ética y legal, Todos por la Salud afirmó que la priorización de recursos para infraestructura hospitalaria y equipos territoriales, en detrimento de la financiación adecuada de la atención continua de pacientes ya diagnosticados, podría constituir una vulneración del derecho fundamental a la salud y de los principios de progresividad, no regresividad y continuidad.
“La expansión de infraestructura no puede financiarse a costa del abandono de quienes hoy dependen del sistema para vivir”, concluyó la organización, al advertir que la intervención estatal ha desencadenado una ola de cierres de servicios vitales con impacto directo sobre la población.
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