El Senado eligió ayer a Lina Marcela Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional, en medio de tensiones por el anuncio de Petro de convocar una consulta por decreto.
Justo en momentos en los que el presidente Gustavo Petro desafía la institucionalidad y parece poner en jaque la división de poderes –ante su anuncio de que convocará la fallida consulta popular por decreto, pese a la negativa del Congreso–, ayer la plenaria del Senado eligió a una nueva magistrada de la Corte Constitucional.
Se trata de la abogada Lina Marcela Escobar, que al final sumó apoyos de partidos como el Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical. La jurista hacía parte de una terna postulada por la Corte Suprema de Justicia y reemplazará a la saliente magistrada Cristina Pardo.
Escobar se midió a las también juristas Lisneider Hinestroza y Myriam Carolina Martínez. Su victoria fue contundente: de 97 senadores de los diferentes partidos que participaron en la elección, Escobar sumó 82 apoyos. En contraste, Hinestroza tuvo ocho y Martínez dos. Además, hubo cuatro votos en blanco y uno no marcado.
El triunfo de la abogada se da en momentos en los que la Corte se apresta a tomar decisiones frente a la legalidad de la reforma pensional –el único megaproyecto de Petro que ya es ley–. Su elección coincide además con el anuncio del presidente, quien –desconociendo al Senado– advirtió que convocará la consulta popular por decreto.
Justamente, entre líneas, la nueva magistrada se refirió a la controversia. Al defender que “el legislador es quien representa la democracia del pueblo y la diversidad”, Escobar señaló que la actividad del control constitucional debe ser un ejercicio ponderado, mesurado y consciente de lo que se ha decidido en la democracia”. Además, instó a que haya consenso “en los mínimos” para evitar un fraude constitucional.
“El principio democrático permite que todos se manifiesten en el marco de la institucionalidad. La Constitución es bastante amplia, tiene muchos mecanismos de participación, de concreción de derechos y del ejercicio de la ciudadanía en un aspecto de democracia expansivo. Hay que trabajar desde todas las instituciones por el respeto de la Constitución. Habrá puntos de encuentro, otros de disenso, pero cuando se tiene consenso en los mínimos se evita que se sustituya la Constitución o se genere un fraude constitucional, que es un poco la preocupación que hay”, precisó.
El ambiente alrededor de la Corte en el Senado es tan caldeado que previo a la elección de Fajardo, en el Elíptico circularon afiches con visos de panfleto en los que se leía: “¿Cree que el Gobierno todavía no tiene mayorías en la Corte Constitucional? Si quiere entregarle a Petro el control de la Corte, vote por Lisneider Hinestroza”.
Lo anterior, deja al descubierto el temor que persiste en un sector de la clase política por el hecho de que Petro supuestamente se haga a mayorías en la Corporación. Esto tras la llegada de quien fuera su secretario Jurídico, Vladimir Fernández, así como de Héctor Carvajal, quien no ha asumido, pero llevó la defensa de su caso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes de financiación.
A ellos se sumaría el magistrado Miguel Efraín Polo, que aunque fue ternado por el Consejo de Estado, llegó a la que es considerada la corte más importante y respetada del ordenamiento jurídico colombiano con el guiño del petrismo. No obstante, Polo ha ratificado su independencia y, por ejemplo, se declaró a favor de tumbar el Ministerio de la Igualdad.
Hoy por hoy, únicamente el actual presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, se ha mostrado abiertamente opositor a los intereses del Gobierno Petro.
Según fuentes consultadas por este diario, la ahora magistrada Fajardo se sumaría al bloque de tendencia conservadora de la mano de la magistrada Paola Andrea Meneses. Por otro lado, en el ala liberal se cuentan hoy los magistrados Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel y José Fernando Reyes, quienes han votado proyectos a favor del Gobierno, pero también se han opuesto a sus iniciativas.
En momentos en los que juristas, académicos y sectores políticos llaman la atención por el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática ante una consulta popular por decreto, las decisiones que adopte la Corte serán determinantes para que no solo haya contrapeso, sino que se garantice el Estado social de derecho.
