Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la consulta popular con 12 preguntas -ligadas a la reforma laboral- que convocará a través de un decreto, a pesar de que el Senado votó en contra de ese mecanismo.
La firma, según indicó el mandatario, se hará ante una multitud en una de dos ciudades que están sobre la mesa: Cali o Medellín.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo y es en esta semana, no tenemos mucho tiempo para citar, ya hemos hecho Bogotá y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde lo hacemos ahora? Cali o Medellín”, dijo el jefe de Estado este martes.
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El presidente sostuvo que “la mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular. El pueblo trabajador no va contra sus intereses ni bobos que fueran. ¿Cómo se van a oponer a que las mamás tengan bono pensional? Son buenos hijos”.
Petro dejó encargados a sus ministros para que definan la ciudad este mismo miércoles. “Mañana tiene que definirse el día que firme delante del pueblo la convocatoria a la consulta popular. Mañana se anuncia al público en dónde nos reunimos”, agregó.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que si el presidente firma este decreto para convocar la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional será demandado inmediatamente, al tiempo que informó que enviarán una certificación a la Registraduría que confirma que la plenaria del Senado negó la realización de esa consulta popular, por lo que afirmó que no existen posibilidades legales para que se cite dicha consulta ni para que el registrador Hernán Penagos acepte convocarla.
Cepeda señaló que el Senado votó en contra de la convocatoria de la consulta popular y el proyecto para realizarla no fue aprobado. Además, recordó que el Consejo de Estado también ha expresado que el procedimiento para llamar a la consulta popular no ha sido cumplido y que convocarla sería violar la justicia y las leyes colombianas.
Señaló que se está enviando una comunicación formal al registrador del Estado Civil para certificar que la plenaria del Senado se pronunció en contra de la consulta y que esa certificación es fundamental para que el Registrador no acepte la convocatoria.
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Cepeda calificó como “despropósito” la convocatoria de la consulta y afirmó que el presidente violaría la ley si decide firmar el decreto. Enfatizó que la votación en el Senado es clara y que el Congreso es una de las ramas independientes del poder público, por lo que el llamado a la consulta popular sin el aval legislativo carecería de validez.
La Fundación para el Estado de Derecho aseguró que la intención del Gobierno de convocar una consulta popular por decreto, sin el aval del Senado, representa una fractura institucional que podría desfigurar el régimen constitucional colombiano y afectar la estabilidad democrática del país.
Además, ocho partidos políticos se pronunciaron en contra de aquella medida: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI; los cuales también hicieron un llamado a las altas Cortes, órganos de control y autoridades electorales, para que “actúen con independencia y defiendan la Constitución”.
“Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, dijeron.
