La salida desde O Barco de Valdeorras, para el inicio de la etapa 17 de La Vuelta, que se corrió el martes, transcurrió sin incidentes. Sin embargo, había en el pelotón algo de tensión. Antes de bajar de los autobuses, los corredores celebraron una votación de seguridad colectiva para decidir cómo actuar si las protestas volvían a ponerlos en riesgo.
Esa decisión, promovida por la Asociación de Corredores (CPA), marca un antes y un después en el devenir de la ronda ibérica 2025, una de las más golpeadas por lo extradeportivo en los últimos años. Los ciclistas seguirán compitiendo mientras la protección sea efectiva, pero no aceptarán exponerse a situaciones peligrosas.
La situación en la vuelta se ha vuelto insostenible. Cortes de carretera, objetos punzantes en el asfalto y episodios de enfrentamiento con manifestantes que ya han provocado caídas y abandonos. Con la carrera reduciendo tramos y alterando metas por seguridad (eso benefició a Egan Bernal el lunes en la etapa 16, que terminó a 8 kilómetros de la meta), la idea de suspender La Vuelta ya no es una hipótesis remota sino un escenario contemplado por los propios corredores si la hostilidad persiste.
¿Cuál fue la decisión que tomaron los equipos respecto a la Vuelta a España?
Los 23 equipos con representantes en la prueba acordaron mantenerse en la carrera pero trazaron límites claros a la organización. En caso de incidentes que pongan en riesgo físico a los ciclistas, como sabotajes, objetos en la calzada o agresiones directas, el pelotón neutralizará la etapa y podrá negarse a seguir. La votación la impulsó la CPA y tuvo voceros dentro de la prueba. Así los corredores buscan que la decisión colectiva priorice su integridad frente a la incertidumbre.
En los últimos días se han documentado acciones que alteraron etapas. Algunos manifestantes derribaron obstáculos en la calzada, se colocaron chinchetas que causaron pinchazos y, en al menos un caso, la irrupción de una persona provocó la caída de un corredor (Javi Romo tuvo que abandonar por las heridas sufridas). Esos episodios obligaron a la organización a adelantar metas o acortar recorridos para garantizar que al menos la parte competitiva pueda disputarse con menos riesgo.
¿Qué está haciendo la UCI para reducir el riesgo?
Los directivos de La Vuelta mantiene la intención de llevar la carrera hasta Madrid y trabajan con autoridades locales para reforzar los dispositivos de seguridad. La Unión Ciclista Internacional, por su parte, ha reiterado su postura de mantener el evento y su neutralidad política, condenando los actos que pongan en peligro la integridad de la prueba. Aun así, los organizadores han tomado medidas prácticas cuando la presencia de activistas ha hecho inviable un final seguro.
Ante la previsión de más protestas en la capital, el Ministerio de Seguridad ha reforzado los efectivos. La cifra anunciada para la llegada incluye cientos de policías municipales adicionales que se suman a un refuerzo extraordinario de la policía nacional, y habrá apoyo de Guardia Civil en etapas decisivas.
¿Cuáles son las alternativas para continuar con La Vuelta a España?
Los escenarios posibles son variados. Podría ir desde una neutralización puntual, es decir, parar una etapa en curso y tomar tiempos en un punto seguro (ya usado en jornadas previas). Como también acortar etapas o cambiar la meta, lo cual es una solución temporal para garantizar que haya etapa disputada sin exponer tramos conflictivos.
El escenario más estricto sería una suspensión definitiva de La Vuelta, si la seguridad no puede garantizarse día tras día y la mayoría del pelotón lo exige. La opción de detener la Vuelta por completo está contemplada como último recurso y tendría grandes implicaciones deportivas, económicas y legales. Sin embargo, los corredores ya han dejado claro que priorizarán su integridad, por lo que es un escenario muy posible.
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