Apenas diez días después del desalojo del ETCR de Carrizal, en Remedios (nordeste antioqueño) por parte de los firmantes de los acuerdos de paz con las Farc que lo ocupaban, se estarían empezando a hacer reales los temores que había al respecto. ONG de derechos humanos indicaron que grupos armados ilegales estarían tratando de copar las áreas que circundan estos predios.
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“Llevamos una semana escuchando esa información y ayer (lunes) nos confirmaron que hay alerta por la presencia de disidencias y el anuncio de que se van a quedar con esa zona”, expresó el vocero de la fundación Sumapaz, Óscar Yesid Zapata.
No obstante, Zapata no dio más detalles acerca de por qué medios había conocido la comunidad el anuncio de las disidencias, si el mensaje llegó a través de algún panfleto o reunión.
Desde antes, apuntó el defensor de derechos humanos, los habitantes habían reportado que los integrantes de esta organización armada se mantenían “de arriba para abajo”, pero vestidos de civil. Se trataría de unidades del llamado Estado Mayor Central cuyo jefe a nivel nacional es Luis Alberto Albán Urbano alias Calarcá.
El problema mayor es que esa es un área que igualmente han entrado a disputar el territorio las fuerzas del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
“La gente que vive en los alrededores manifiesta que el riesgo aumenta porque en cualquier momento se pueden presentar combates”, anotó Zapata.
En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que estaba localizado en la vereda Carrizal, vivía un nutrido número de excombatientes de las Farc que se desmovilizaron tras la firma de los acuerdos de Paz entre los miembros del Secretariado y el gobierno de Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016.
Para este año quedaban 31, pero por amenazas, la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) programó su traslado para un terreno que compró el Gobierno nacional en la zona rural del vecino municipio de Yalí.
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El nuevo ETCR queda en un terreno de 333 hectáreas donde los excombatientes no solo tendrán vivienda propia, sino que la idea es que puedan desarrollar allí proyectos productivos.
Las autoridades locales y líderes sociales de la región habían advertido que el Estado debía hacer presencia en la zona de Carrizal cuando ese trasteo se produjera, justo para evitar lo que ahora surge como algo inminente.
