Esta semana Gustavo Petro retó a la institucionalidad y a las ramas del poder público al querer insistir, a como dé lugar, en hacer una consulta popular para reivindicar la reforma laboral que resucitó en el Senado y que está próxima a discutirse en plenaria.
Como ha revelado este diario, según fuentes del gabinete, es claro que la “amenaza” de convocar la consulta vía decreto es un mecanismo de presión para el Congreso. Pero con lo que ha pasado en los últimos días esa intención se queda corta. El Gobierno ya no solo quiere ejercer presión para aprobar la reforma laboral tal cual la desean sino también buscan involucrar al poder judicial, es decir a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, en la narrativa de “no nos dejaron hacer”, en caso de que sea negativo algún fallo o decisión contra el decreto.
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La estrategia, de hecho, contempla un as bajo la manga. Roy Barreras, hasta hace poco embajador de Colombia ante el Reino Unido y precandidato presidencial, le dijo a EL COLOMBIANO esta semana en el encuentro de Asobancaria en Cartagena, que hoy domingo se cumplirían 30 días de la segunda consulta que radicó el Gobierno en la que incluyen 16 preguntas (y no 12) y sobre la cual no habría votado aún el Senado. Si esa tesis prospera habrá otro escenario de interpretaciones jurídicas y amenazas.
También, el pasado viernes en la noche un juzgado civil de Bogotá resolvió una tutela en la que le ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda, darle trámite a una apelación de la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico sobre la votación a la convocatoria de la consulta. No quiere decir, como dijo Petro, que se tenga que volver a hacer la votación. Incluso, como respuesta al fallo, Cepeda dijo que ya le habían dado respuesta a la apelación el 21 de mayo pasado antes de haber sido notificados de la decisión judicial.
Ninguno de esos recursos y estrategias del petrismo logra ocultar que en menos de una semana la Fiscalía imputó al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; pidió cárcel para el exdirector de Presidencia y del Departamento Administrativo de Inteligencia, Carlos Ramón González; y reveló que César Manrique, exdirector de Función Pública, habría incrementado presuntamente su patrimonio en $3.000 millones de pesos. Todos involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD y todos colaboradores íntimos y hasta amigos personales del presidente Petro.
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De ese escándalo, el mandatario no volvió a hablar y en cambio el caballo de batalla es la consulta popular. En esa idea lo acolitan cuatro personajes clave.
Benedetti: el petrismo no lo quiere tanto
El ministro de la política, Armando Benedetti, ha tenido un doble discurso frente a la consulta popular que causó molestia no solo en las centrales obreras, como reveló este diario, sino también en la bancada del Pacto Histórico.
Hace un par de días, Benedetti dijo: “Si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara uno podría pensar que no sería necesaria la consulta (...) hay que hacerle unos ajustes pequeños”. Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, le respondió públicamente: “Cuánto te equivocas, Armando Benedetti. Lo de Comisión IV es una detestable CONTRAREFORMA (sic) y le falta mucho pelo pa’ moño. Creí que ya lo tenías claro. ¡Mira los debates que vienen en plenaria para que te quede establecido!”.
El ministro, a su vez, le respondió que “el que no entiende nada es usted porque se fue antes de que llegara el presidente anoche. Sería bueno que entienda que el jefe es el presidente. y veo que usted es un Shakiro (sic) que ni ve, ni escucha. Yo me refería hoy a la reforma que viene de la Cámara y en eso quedó la bancada con directriz del presidente”.
Esas discusiones revelan que no hay una articulación en el fondo de la apuesta del presidente Petro y que el ministro Benedetti, realmente, es un operador político que intenta anticiparse a la coyuntura, pero las posiciones de su jefe lo superan. Por eso tuvieron que recurrir a tres juristas para intentar blindar su estrategia del ‘decretazo’, pues la propuesta no habría caído bien ni en el propio gabinete.
Montealegre: “¿Al son que me toque bailo?”
El exfiscal Eduardo Montealegre será nombrado en los próximos días como ministro de Justicia. En menos de dos semanas pasó de hablar de “la bancarrota ética del Gobierno de Gustavo Petro (por la elección del magistrado Héctor Carvajal) y decir “¡No más corrupción! Basta ya Petro” a convertirse en uno de los asesores “ad honorem” —según dijo Benedetti— del decreto de la consulta.
Montealegre, que también fue magistrado de la Corte Constitucional hace más de 20 años, sostiene que “el presidente no está cometiendo un acto caprichoso. Él va a expedir esto con una sólida fundamentación jurídica”, según le dijo a El Espectador.
Su posición ha sido criticada porque el exfiscal tiene contratos con el Gobierno que ascienden a los $1.778 millones de pesos y llegará a ocupar la cartera de Justicia, reemplazando a Ángela María Buitrago, quien renunció tras denunciar que, precisamente, Benedetti la habría presionado para hacer nombramientos clave en ese ministerio y que hace semanas que no recibía instrucciones directas del jefe de Estado.
Montealegre, por su parte, no está solo como jurista asesor del ‘decretazo’. Trajo a Yefferson Mauricio Dueñas, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Su papel es clave en la estrategia del Gobierno.
Dueñas: el litigante y asesor de bajo perfil
Dueñas fu auxiliar del magistrado Jorge Iván Palacio entre 2014 y 2015, cuando la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la ley 1757 que establece las reglas de juego para mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. Además, según reveló La Silla Vacía, Dueñas demandó en 2018 la nulidad del decreto de la consulta anticorrupción, por lo que tiene amplia experiencia en esos mecanismos de participación ciudadana.
Pero también, como Montealegre, es contratista del Estado. Tiene cinco convenios con entidades como la Justicia Penal Militar y el Icfes, entre 2023 y 2025, por un valor total de 611 millones de pesos. De hecho, el más reciente, por 77 millones de pesos, lo suscribió con el Icfes el pasado 26 de febrero.
Vargas: el peso de un exmagistrado ahora diplomático
Luis Ernesto Vargas Silva, jurista de amplia trayectoria, fue presidente de la Corte Constitucional entre 2014 y 2015 y fue magistrado de ese alto tribunal entre 2009 y 2017. También fue Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el presidente Petro empezó su mandato lo nombró como embajador de Colombia ante la OEA.
Recientemente, a raíz del debate sobre la consulta popular, el diplomático que está radicado en Washington, fue llamado desde la Casa de Nariño para que contribuya a blindar el ‘decretazo’.
De hecho, el jefe de Estado ha compartido en su perfil de X las opiniones de Vargas: “Se modificó el sentido de uno de los votos, habiéndose cerrado ya la votación y esa alteración desconoció el principio de transparencia, así como la prohibición consagrada en el art. 133 de la ley 5/94: si no se puede explicar un voto, ¡mucho menos cambiarlo luego del cierre!”, argumentó Vargas. Con esa y otras tesis, que han sido controvertidas con otros juristas, el Gobierno está dispuesto a dar la batalla legal. ¿Pero la política?
¿Qué sigue?
Hace un par de días, en la víspera a su viaje a Francia, el presidente Petro publicó varios mensajes sobre su decreto de consulta popular. Uno de ellos decía que “las instituciones de Colombia deben abrir paso a la decisión popular o se bañarán de ilegitimidad al separarse del constituyente primario”.
La teoría política señala que esa postura se enmarca en el Estado de opinión al que también apeló en la orilla ideológica contraria, el expresidente Álvaro Uribe.
Por lo pronto, tras su llegada al país este martes, el Gobierno planea hacer un acto en Cali antes del 12 de junio para dar a conocer el decreto de la consulta popular. En medio de todos los debates jurídicos y políticos, el país atraviesa un camino incierto en el que los poderes públicos están a prueba.
Los escenarios según la MOE
Según el subdirector de la Mesa de Observación Electoral, Alejandro Muñoz (foto derecha), en diálogo con EL COLOMBIANO, estos son los escenarios que podrían darse tras el ‘decretazo’ del Gobierno.
¿Qué sigue cuando se expida el decreto de la consulta?
“El escenario en el cual eventualmente va a ser expedido este decreto es un escenario de conflictividad entre las ramas del poder público porque ya tenemos claro que el Senado de la República y su presidente no consideran que ese decreto sea legal, toda vez que carece de un fundamento que es la certificación de conveniencia por parte del Congreso. Entonces, inmediatamente salga ese decreto, se presentará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado que entrará revisar la legalidad de dicho acto y evaluará los argumentos que se estén dando para decir que es legal. El Gobierno parte de un desconocimiento de que existió una votación por parte del Senado, pero este ya certificó que hubo votación negativa a la convocatoria de la consulta”.
¿Qué papel cumpliría la Registraduría?
“Precisamente, ese sería otro escenario. Digamos que sale el decreto y se convocan elecciones. Hay unos términos que establece la ley que dice que tiene que ser dentro de los tres meses siguientes; eso parte de la norma que justifica la interpretación por parte del Gobierno que dice que tiene que ser tres meses siguientes a la convocatoria o al certificado del Senado. Pero entonces, hay unos términos y ese decreto tiene que llegar al Registrador Nacional del Estado Civil. El registrador (Hernán Penagos), al ver esa situación contradictoria entre ramas del poder público frente a la convocatoria, puede abstenerse de aplicar el decreto dado que existe una demanda ante el Consejo de Estado y debería esperar a que se resuelva”.
¿Se puede afirmar que el ‘decretazo’ del Gobierno es una ruptura institucional?
“No podríamos decir que ya es un rompimiento institucional cuando existe la vía judicial precisamente instituida para dirimir esa clase de conflictos. En términos de rompimiento institucional, tendría que ver con situaciones que no puedan ser saldadas, que no puedan ser corregidas y que efectivamente fracturan a una sociedad y lleven a un nivel de desorden social. En este momento existen las formas, y en este caso las formas jurídicas para llegar y dirimir estos asuntos donde hay dos posiciones que están encontradas en torno a un asunto de interés general”.
$750.000
millones de pesos, aproximadamente, costaría la consulta según, la Registraduría y la Contraloría.
