Quien quiera vender droga en Segovia y Remedios, sí o sí, tiene que pagar. Esa es la orden de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control criminal en estos municipios del Nordeste antioqueño y que cobrarían, dependiendo de los ingresos, hasta $100 millones semanales a la banda que quiera obtener ganancias de esta renta criminal.
Fuentes de inteligencia dieron a conocer que los dominios territoriales en estos municipios están en manos del frente 4 de las disidencias, a cargo de Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, y de Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo o Matías, quien lidera los movimientos de la subestructura Jorge Iván Arboleda, del Clan del Golfo.
Este último grupo armado tendría a cargo la mayor expansión del control en las zonas urbanas y muchas de los puntos mineros legales e ilegales de estos dos municipios, por lo que, dependiendo de los movimientos, establecerían un cobro por el alquiler de los territorios para la comercialización de estupefacientes.
Algunas bandas pueden pagar $10 millones a la semana, si la zona es de bajo flujo de ventas. La situación cambia cuando se trata de sectores comerciales o con alto movimiento minero, donde se les puede pedir por el espacio para la venta de estupefacientes en hasta $100 millones.
Esta renta mensual no solo recae sobre facciones criminales locales para poder continuar con esta comercialización. Debido a los millones que se mueven en estos municipios, producto de la minería y la ganadería, algunos grupos del Valle de Aburrá llegaron y pagaron por su espacio.
Bandas como El Mesa, Pachelly y El Tapón, que llegaron desde Bello, y Doce de Octubre, que hizo su arribo desde Medellín, cuentan con sitios para comercializar sus sustancias, pero pagando los valores definidos por el Clan o las disidencias, según el sitio donde estén ubicados.
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Sin embargo, las plazas de vicio en estos dos municipios operan de tres maneras. Una que son las fijas, que son aquellas que están en los parques de los barrios y algunas veredas, con un flujo no tan sustancial en sus ventas. Estas son las que menos pagarían a estas estructuras.
Por otro lado están las megaplazas fijas, que están en los sitios comerciales y de rumba, en el que los ingresos son aún mayores, principalmente en los tiempos de bonanza minera o cuando aparecen vetas.
Y hablando de este último punto, aparecen las terceras plazas de vicio, que operan de manera itinerante, ubicándose en los sitios donde hay mayor explotación minera, replicando un modelo similar al del Suroeste antioqueño con las fincas cafeteras.
“Cuando hay mucha explotación de oro, la gente va a hacer romerías y muchos mineros van a buscar riqueza. Ahí llegan los jíbaros para tratar de sacar su tajada de esa situación”, relataron conocedores de la situación en Segovia, una de las zonas que más afectada se ha visto por la disputa armada entre estos grupos.
Uno de los movimientos que dejó en evidencia la operación de grandes bandas criminales en estos municipios del Nordeste fue el asesinato de José Domiciano Carrillo Montoya, alias Sólido, ocurrido el 18 de junio de 2023 en la vereda Campo Alegre, en la ruralidad de Segovia.
Este hombre tenía varias minas en este municipio y, al parecer, también estaría vinculado directamente con el microtráfico. En el bajo mundo se habla de que tras su muerte, las minas habrían sido “heredadas” por la organización delincuencial, más exactamente por Francisco Mazo Pulgarín, alias Pocho, uno de sus cabecillas históricos más relevantes.
Lo que puedan monetizar
Otra de las grandes rentas pasa por el cobro de las cabezas de ganado para vigilarlas y evitar que estas sean atacadas por los grupos armados, una medida que no solo aplica en estos dos municipios del Nordeste antioqueño, sino también en vecinos del Bajo Cauca como El Bagre, Zaragoza y Caucasia.
Solo el Clan del Golfo, a través de la subestructura Jorge Iván Arboleda, estaría cobrando a los campesinos y hacendados $10.000 a la semana por cada cabeza de ganado que tengan, mientras que por cada cerdo están pidiendo $5.000.
Los negocios tampoco se salvan de estos movimientos criminales, puesto que estos deben pagar una extorsión, dependiendo de su superficie y capacidad de ingresos estimadas por cada grupo armado.
Para el caso del Clan del Golfo, un supermercado puede pagar hasta $500.000 a la semana, aunque estos montos varían en medio de los intereses del conflicto.
Situación similar viven quienes ejercen otras actividades comerciales en la región, como son los transportadores, contratistas y volqueteros, quienes también deben entregar rubros dependiendo de su servicio y que pueden estar entre los $20.000 y los $150.000 a la semana.
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“Hay un gran problema y es que la extorsión no es fija porque viene un grupo y pide una plata y luego llega el otro y pide lo suyo, haciendo que se deba pagar mucha plata para evitar cualquier daño a los negocios”, explicó un residente de la zona.
Pero las estructuras criminales buscan sacar su mayor provecho de la máxima riqueza de estos municipios, que es la explotación del oro, teniendo en cuenta que hay zonas en las que siguen apareciendo vetas para explotar.
Se habla de que, dependiendo de su tamaño y producción, las cuotas de estas minas van de entre el 30% y el 50% de su producción, el cual se lo deben entregar al grupo criminal donde esté operando, todo para evitar retaliaciones como ataques o desplazamientos de su personal.
La mayor dificultad para los propietarios de cada socavon pasa porque los integrantes de los grupos armados infiltran personal que les permite tener conocimiento, de primera mano, de cuánto fue la producción exacta.
A partir de esa información, los criminales hacen un cálculo para los mineros y les entregan recibos para que cumplan con este pago y así poder continuar haciendo sus explotaciones. Estos se pueden hacer en efectivo o con parte de la producción.
Pero esta medida de pago no aplica para quienes son independientes, barequeros o chatarreros, quienes deben entregar la porción de sus ganancias a estos grupos armados en efectivo.
Estas medidas aplican para quienes hacen estas explotaciones de manera particular o industrial. No se puede olvidar que los grupos criminales también tienen sus socavones para explotar, obteniendo rentabilidades netas de lo que logren sacar.
1. ¿Por qué las bandas de microtráfico deben pagar para vender droga en Segovia y Remedios?
Según el reportaje, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo imponen un sistema de cobros para controlar la venta de estupefacientes en Segovia y Remedios. Ninguna banda puede operar sin pagar una cuota por el uso del territorio donde comercializa la droga.
2. ¿Cuánto cobran los grupos armados por controlar plazas de microtráfico en Segovia y Remedios?
Los cobros varían según el potencial económico del lugar. Las plazas con menor flujo de ventas pueden pagar alrededor de $10 millones semanales, mientras que los puntos ubicados en zonas comerciales o con alta actividad minera pueden llegar a pagar hasta $100 millones por semana.
3. ¿Qué grupos armados se disputan el control criminal en Segovia y Remedios?
De acuerdo con la información de inteligencia citada en el reportaje, el control territorial se disputa entre el frente 4 de las disidencias de las Farc y la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, organizaciones que buscan controlar economías ilegales como el microtráfico, la minería y la extorsión.
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