Tras una sesión de más cinco horas, la Asamblea de Antioquia aprobó este viernes en primer debate el proyecto de ordenanza con el que se implementará un nuevo estatuto de rentas, una iniciativa que ha generado controversia en días recientes por implementar cambios en la forma en la que se financian tres de las principales universidades del departamento.
En un debate acalorado, en donde los rectores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la IU Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia se le plantaron a la Gobernación y se opusieron a que en dicha la iniciativa se cambiaran las reglas de juego en materia de estampillas, la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos aprobó el texto manteniendo esas disposiciones, con ocho votos a favor y uno en contra.
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La controversia por este tema se remonta al pasado 15 de septiembre, fecha en la que el gobierno departamental radicó en la asamblea el Proyecto de Ordenanza 52.
Pese a tratarse de un voluminoso documento, compuesto por 566 artículos y otras 198 páginas de exposición de motivos, la iniciativa generó de entrada un fuerte debate por plantear en varios de sus artículos cambios en las reglas de juego en las estampillas, figura que representa una significativa fuente de ingresos para varias universidades.
Vale recordar que dicha figura consiste básicamente en un pequeño porcentaje que se extrae de todas los contratos, pedidos y facturas que se ejecutan en el departamento y que tienen una destinación específica para esas universidades.
Además de derogar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la IU Digital de Antioquia, el Proyecto de Ordenanza 52 también propuso cambios en la distribución de la estampilla Prodesarrollo, que representa igualmente una fuente de ingresos para el Tecnológico de Antioquia.
Para 2024, mientras el Politécnico Jaime Isaza recibió por lo menos $9.108 millones por ese concepto, la IU Digital recibió $8.564 millones y el Tecnológico de Antioquia $2.389 millones.
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Tal como aparece también en el texto del proyecto, el Departamento prometió que esos recursos serían reemplazados por aportes provenientes de sus recursos de libre destinación, en una sustitución que además estaría amparada por la emisión de una política pública dirigida a esas instituciones de educación superior.
El departamento prometió además que tomaría como referencia los valores girados por ese concepto en la vigencia 2026 y aseguró que los mismos serían incrementados anualmente a la par del IPC por un periodo de una década.
Es en este punto en donde se ha dado la mayor parte de la controversia, ya que para varios diputados y los mismos rectores de esas tres universidades dicho mecanismo sustitutivo no estaría claro, dado que la política pública que se menciona aún no se conoce y está en elaboración.
Otros voces críticas han ido más allá y han asegurado que con la iniciativa la Gobernación buscaría ejercer mayor influencia sobre esas universidades, en una iniciativa que iría en contra del principio de la autonomía universitaria.
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“No se van a quitar recursos a estas dos instituciones, se van a sustituir por recursos propios, en una política pública que tiene tres componentes fundamentales: la ampliación de cupos, la mejora en la calidad y pertinencia, y la regionalización”, expresó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, sobre esa discusión.
“Eso ataca el principio de la autonomía universitaria. Si ellos les quitan la plata, de aquí en adelante todas las universidades van a ser apéndices de los gobernantes de turno. Si no hay autonomía presupuestal, no hay autonomía universitaria”, expresó en contraposición el diputado Luis Peláez, uno de los opositores.
En medio de ese panorama fue que este viernes 26 de septiembre la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos realizó el primer debate del proyecto, en el que además de una exposición general de todo el Estatuto de Rentas, la administración departamental volvió a referirse a las estampillas y defender su posición.
Una de las principales novedades de este espacio fue la participación de los rectores de las tres universidades: Jasson Alberto de la Rosa Isaza, rector IU Digital de Antioquia; Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia; y Jairo Alexander Osorio Saraz, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Jasson Alberto de la Rosa, de la IU Digital de Antioquia, fue el primero en expresar su inconformidad, señalando no estar de acuerdo con la eliminación de la estampilla, planteando que el reemplazo de los recursos, si bien era una promesa, no estaba respaldado por una norma en firme.
“Ningún administrador responsable puede proyectar sus decisiones sobre bases hipotéticas. De manera respetuosa le solicito a la Asamblea y el gobierno departamental concretar los mecanismos ciertos sobre los recursos que están en juego”, dijo.
Con un enfoque similar el rector del Tecnológico, Leonardo García, expresó su inconformidad con la derogación de la distribución de la estampilla Prodesarrollo, considerando que los giros quedarían en el futuro “a capricho del gobernante de turno”.
“Nosotros no podemos cambiar lo cierto, por un proyecto que no se conoce. Se habla de una política pública, eso es bueno, con eso revisaríamos el tema de los recursos, pero esa política no se ha socializado, no la conocemos”, dijo.
“Tiene que haber un documento base, que nos diga a nosotros desde ya que nos van a respetar y que esa plata no va a quedar en el aire”, dijo el también rector del Politécnico, Jairo Alexander Osorio.
Pese a no llegar a un acuerdo con los rectores, que se mantuvieron en su pedido de mantener las estampillas sin cambios hasta no haber una norma clara y ya redactada con las nuevas reglas de juego de la financiación, en el desarrollo de ese primer debate la Gobernación y los ponentes del proyecto en la Asamblea accedieron a modificar un artículo de la norma, para que los recursos de la estampilla Prodesarrollo sean destinados a base presupuestal de la futura política pública de educación superior prometida, incrementando esa distribución del 20 al 25%.
Antes de que se votara esa modificación, el diputado Juan Carlos Palacio propuso que esa distribución subiera al 30%, de tal forma que los recursos fueran repartidos por igual a las tres universidades en cuestión.
Pese a que otros diputados también apoyaron discutir más ampliamente esa distribución, ya que la misma no fue aceptada por los rectores, dicho pulso quedó aplazado para el segundo debate que aún no tiene fecha prevista.
Surtido el debate de esas modificaciones, finalmente la comisión votó el proyecto de ordenanza, dándole luz verde para pasar a plenaria con ocho votos a favor y solo uno en contra.
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