Daniel Quintero, actual superintendente nacional de Salud, anunció en la mañana de este martes 30 de junio una denuncia penal ante la Fiscalía contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), al considerar que obstaculizaron una visita de inspección realizada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones de la licorera.
Quintero aseguró que los funcionarios enviados por la entidad llegaron a las 2:40 p.m. del viernes para realizar una auditoría previamente programada, pero que las directivas de la empresa se negaron a entregar la información solicitada.
”Es la primera vez que un vigilado decide que no puede ser inspeccionado ni controlado”, afirmó el superintendente, quien sostuvo que esa actuación podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, además de eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales. También anunció que la Supersalud remitió el caso a la Procuraduría y la Contraloría y adelantará actuaciones administrativas que podrían derivar en multas por desacato.
La respuesta de la FLA
En un comunicado, la Fábrica de Licores de Antioquia rechazó los señalamientos y aseguró que en ningún momento se ha negado a entregar información. Según la empresa, la auditoría incluyó requerimientos que “exceden el ámbito propio de la vigilancia en salud”, como certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judiciales y conciliaciones, además de asuntos contractuales, financieros y de gobierno corporativo que, a juicio de la licorera, no guardan relación con el objeto de la inspección.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de la FLA es que parte de la información solicitada corresponde a documentos que la empresa asegura no existen, porque la licorera no maneja figuras administrativas como caja menor, gastos de representación, tarjetas de crédito corporativas ni viáticos.
”Nos están preguntando por temas que ni siquiera la FLA tiene. ¿Tarjetas de crédito? ¿Gastos de representación? ¿Caja menor? Son mecanismos inexistentes en la fábrica. Entonces, ¿qué pretenden?”, cuestionó Ramos en su cuenta de X.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, explicó a EL COLOMBIANO que la auditoría —la primera en más de siete años— llegó con un cuestionario inusualmente amplio. Mientras procesos similares suelen incluir entre 10 y 17 requerimientos, esta vez, afirma, fueron 77.
Según el gerente, precisamente esa circunstancia demuestra que varios de los requerimientos no corresponden al funcionamiento de la empresa y refuerzan su tesis de que la inspección excede las competencias de la Superintendencia.
Para Ramos, detrás de la inspección existe además un trasfondo político. “Hay un directo aspecto que tiene que ver con una persecución política por parte del señor Quintero y sus equipos más cercanos, en detrimento tanto de la Fábrica de Licores como del Departamento de Antioquia. Su animadversión conmigo y con mi familia es conocida desde hace años”, aseguró.
El gerente vinculó directamente la tensión con el ejercicio de oposición que lideró el concejal Alfredo Ramos durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
Antecedentes de la disputa
Uno de los elementos que hoy alimenta la controversia tiene que ver con Juan David Duque, actual delegado de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud y quien firmó la orden de inspección a la FLA.
Duque fue secretario privado de Daniel Quintero durante su administración en Medellín y fue destituido por el Concejo mediante una moción de censura en noviembre de 2023, en medio de las investigaciones relacionadas con el manejo de los fondos fijos o caja menor de la Alcaldía.
Por otro lado, la fábrica está dirigida por Esteban Ramos Maya, hermano del exconcejal Alfredo Ramos Maya, uno de los principales opositores de Quintero y quien lideró la moción de censura que terminó con la salida de Duque de la administración distrital.
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La recusación
Ante este panorama, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero y contra Juan David Duque, al considerar que existían circunstancias que comprometían la imparcialidad de la actuación administrativa. Sin embargo, ambas recusaciones fueron rechazadas en menos de 36 horas. “Qué diligencia para negar las recusaciones. Ojalá el sistema fuera así de eficiente cuando hay que pagarles a las EPS o a las IPS”, manifestó Ramos.
Según el gerente, la entrega de información únicamente se suspendió mientras la recusación estaba siendo resuelta. “El martes les entregamos toda la información y los atendimos. El miércoles también. Cuando llegaron el viernes, como la recusación seguía en trámite, les dijimos que por ese día no entregaríamos más información hasta conocer la decisión. Nunca hemos dejado de atender la auditoría”, sostuvo.
Con la recusación ya resuelta, la empresa anunció que presentará una acción de tutela con solicitud de medidas cautelares. “Ha sido evidente la violación al debido proceso. Se han extralimitado en sus funciones y han solicitado información que no es de su competencia”, afirmó Ramos.
La posición de la SuperSalud
Desde la otra orilla, Daniel Quintero sostiene que la inspección hace parte de un plan nacional de vigilancia definido desde hace más de un año y que desde su llegada a la entidad se reactivaron procesos que permanecían represados.
Según la Superintendencia, se han realizado más de 750 inspecciones en el país, incluyendo visitas a secretarías de Salud y a otras licoreras departamentales.
”La misión de esta entidad es inspeccionar, vigilar y controlar. Hasta el último día de este gobierno no vamos a renunciar a esa función”, manifestó el superintendente.
¿Qué sigue para la FLA?
Para Ramos, la controversia no afecta la operación de la FLA ni sus finanzas y confía en que el segundo semestre, marcado por la Feria de las Flores, eventos deportivos y la temporada decembrina, transcurra con normalidad.
Frente a las dudas que ha generado la negativa de la FLA a entregar algunos documentos, el gerente insiste en que el problema no es la falta de colaboración sino la naturaleza de los requerimientos.
”No podemos entregar documentos que no existen. Nos piden información sobre caja menor, gastos de representación, tarjetas de crédito y otros mecanismos administrativos que la Fábrica de Licores de Antioquia no tiene”, reiteró.
Como argumento adicional sobre la transparencia de la entidad, Ramos recordó que recientemente la FLA superó una auditoría de la Contraloría General de Antioquia sin hallazgos con incidencia penal o disciplinaria.
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