Tras anunciar una recompensa de $100 millones por información que lleve a la captura de los responsables de incendiar una oficina esta semana en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un cartel con las personas que presuntamente estuvieron detrás de ese acto de vandalismo.
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Según el reporte preliminar de las autoridades, aproximadamente diez encapuchados ingresaron al campus y prendieron fuego a uno de los despachos administrativos de la institución. Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudió al plantel educativo para controlar las llamas que consumieron por completo esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.
Las primeras versiones de algunos testigos del hecho, detallan que el incendio habría sido producto de una protesta derivada de un presunto caso de abuso sexual que fue encubierto. Sin embargo, esto aún está por aclararse.
De igual manera, también se investiga si el incendio tiene relación con la posesión de Haver González Barrero como nuevo rector de la institución, periodo que comenzó el martes y finalizará el 8 de diciembre de 2029.
En el cartel aparecen reseñadas 20 personas con alias como “Sombra”, “Chiqui”, “Juan”, “Antena”, “El Cojo” y “Ratón”. Sin embargo, las fotogeafías que los acompañan no permiten identificar a ninguno, pues todos están con sus rostros tapados completamente.
“Antioqueños, ayúdennos a identificar a estos sujetos. Son responsables de alterar el orden público en las instituciones de educación superior públicas del Departamento”, fue la invitación del Gobernador Rendón tras publicar la imagen.
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El alcalde de Medellín respaldó la iniciativa y también pondrá recursos del Distrito para la recompensa. “No más capuchos en las universidades públicas en Medellín. Estos son los que siempre alteran el orden público. Su prioridad no es estudiar ni mucho menos graduarse”, señaló Federico Gutiérrez.
Según la Secretaría de Seguridad de Antioquia, el pago de las recompensas se hace a personas naturales que brinden información veraz, oportuna y efectiva que permitan la incautación, captura, desarticulación de estructuras criminales o afectación de bienes y rentas criminales que conduzca a individualización, judicialización de autores o partícipes de conductas punibles.
Para el pago, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional u organismos de seguridad y justicia deben presentar la solicitud ante la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. Un Comité de Recompensas revisa las solicitudes con sus evidencias, decide su aprobación, modificación o rechazo y define el monto a pagar. Posteriormente, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz emite una resolución motivada para ordenar el pago.
En general, entre la ciudadanía y la misma comunidad educativa hay un rechazo hacia estos delincuentes que generan terror dentro de los campus y frustran muchas veces el propósito de cientos de estudiantes por estudiar en condiciones normales.
Sin embargo, ante la publicación del cartel en redes sociales, algunos han criticado pues a simple vista no es posible identificar a ninguno, por lo que hay quienes consideran que podría prestarse para una “casería de brujas” dentro de la Universidad.
Por ejemplo, el abogado y exdirector regional de la SAE, Mauricio Urquijo, señaló que “no existe ninguna forma técnica posible de reconocimiento a partir de esas fotografías, ni posibilidad de que la ciudadanía sustituya a los órganos judiciales. Se está ambientado una cacería de brujas motivada por odio”.
En 2024, la Gobernación de Antioquia pagó $102.600.000 de recompensas y este año ya van más de $278.000.000.
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