El pulso judicial del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle contra el diario EL COLOMBIANO terminó a favor del medio. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante la Sentencia 267 de 2025, negó en primera instancia la acción de tutela que había presentado el exmandatario.
Por lo tanto, el periódico EL COLOMBIANO confirma que fundamenta su labor en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, asegurando que la información cumple con el estándar de veracidad, independencia y rigurosidad, con lenguaje cuidadoso basado en datos objetivos y fuentes oficiales. Incluso, según el documento del juzgado, este medio promueve la libertad de prensa a través de un ejercicio periodístico responsable y de buena fe, lo cual se reflejó en su disposición para rectificar de manera oportuna y voluntaria cualquier error informativo.
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La jueza Alba Mery Jaramillo Mejía, tras analizar el caso, le dio la razón al periódico en varios puntos clave. Primero, señaló que el medio no llamó “corrupto” a Quintero de forma directa ni lo declaró culpable. En cambio, usó un lenguaje cuidadoso con palabras como “presunto”, “investigado” o “posible”, dejando claro que se trata de un proceso judicial en curso y no de una verdad absoluta.
Es decir, el fallo, firmado por la jueza Alba Mery Jaramillo Mejía el 15 de diciembre de 2025, concluyó que no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados por Quintero: honra, buen nombre, presunción de inocencia, rectificación en condiciones de equidad, debido proceso y administración de justicia imparcial.
En palabras del despacho, “no se acreditó que el artículo lo haya calificado expresamente como corrupto ni lo haya señalado como responsable del delito investigado”.
¿Por qué Daniel Quintero demandó a El Colombiano?
La controversia nació el 23 de noviembre de 2025, cuando esta redacción publicó el artículo titulado “Jueza del caso Quintero tendría líos por nexo con la defensa”, relacionado con el proceso penal conocido como Aguas Vivas.
Según Quintero, esa nota lo presentaba como corrupto, responsable de “uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de Medellín” y de un “detrimento patrimonial por $53.500 millones”.
Además, sostenía que el artículo ponía en duda la imparcialidad judicial al sugerir un supuesto nexo entre la jueza del caso y la defensa.
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Por eso, el exalcalde pidió que se ordenara una rectificación amplia, clara y con el mismo despliegue, que aclarara, entre otros puntos, que no existe sentencia condenatoria en su contra, que la Contraloría se pronunció sobre el presunto detrimento y que la jueza “no tiene líos demostrados ni un nexo con la defensa”.
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