Una batalla interna en la que se juega el futuro de Puerto Antioquia se estaría librando desde hace más de dos meses en Corporuabá y uno de sus protagonistas sería el polémico exsenador Julián Bedoya, de quien ya se hablabla por lo bajo.
Lo que un año atrás era un secreto a voces en los corrillos políticos de esa subregión, terminó esta semana convirtiéndose en una grave denuncia pública formulada por el director encargado de esa propia autoridad ambiental, Jorge David Tamayo, quien luego de un consejo directivo exprés en el que por poco fue expulsado de su cargo señaló ser víctima de una persecución.
El testimonio cayó como una bomba en medio de la controversia pública que ha suscitado el puerto, que desde hace un año tiene frenadas las obras de una importante línea de transmisión eléctrica por cuenta de un lío predial que revivió justo cuando estaban por terminarse.
Luego de ser el funcionario, con su propio puño, quien firmó la resolución que suspendió la licencia ambiental de dicha línea, Tamayo aseguró ahora que aquella suspensión no tendría asidero y se explicaba más por una estrategia para obstaculizar el proyecto.
“Hay que decirlo con nombre propio: el doctor Julián Bedoya, la doctora María Eugenia Lopera y este grupo quieren quedarse con Corpourabá para cerrar el puerto, para manipular muchas acciones y actuaciones en la subregión de Urabá y el Occidente. Esa es la razón”, aseguró el directivo en diálogo con EL COLOMBIANO.
Aunque Bedoya y varios de los implicados en los señalamientos de Tamayo insisten en que estos son falaces, la denuncia pública del director arrojó nuevos detalles de cómo se habría vivido al interior de esa entidad la suspensión que puso en vilo al proyecto por cuatro meses.
Las claves del caso
El comienzo de esta historia se remonta a abril del año pasado, justo cuando Puerto Antioquia entró en la recta final de los trabajos de una línea de transmisión eléctrica, clave para poder funcionar.
Dicha infraestructura, de 5,1 kilómetros, es necesaria para conectar a la futura terminal con la subestación Nueva Colonia de EPM y así abastecer de energía no solo al complejo, sino a una zona adyacente en la que se espera la llegada de empresas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
El lío se desató cuando los trabajadores del puerto se disponían a instalar las últimas torres de energía de dicha línea, sobre un predio ubicado cerca al puerto e identificado como La Presumida.
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En el lugar, un grupo de ocupantes que reclama esa tierra, se opuso a que se hiciera cualquier trabajo y dieron inicio a un pulso a varios frentes que hoy sigue sin resolverse.
Aunque en un comienzo los reflectores se posaron sobre un proceso administrativo que comenzó a adelantarse en la Alcaldía de Turbo, con el que se buscaba ordenar a la Policía un desalojo de esos ocupantes, el problema se creció en noviembre cuando, de manera sorpresiva, Corpourabá suspendió una licencia ambiental.
En este punto cabe recordar que aunque la licencia ambiental principal del puerto está bajo la sombrilla de la Anla, a Corpourabá le correspondió dar permiso precisamente para aquella línea de transmisión eléctrica.
Contrario a lo que se esperaría en una licencia ambiental, y en un hecho que despertó múltiples suspicacias, el mismo director Tamayo firmó una resolución en la que suspendía dichos permisos no invocando afectaciones al medio ambiente, sino supuestas irregularidades en la tenencia de la tierra.
En la letra menuda de las resoluciones, la corporación invocó un artículo de la licencia en el que se establecía como requisito “presentar las escrituras públicas y certificados de tradición y libertad” en los que se evidenciara que las servidumbres de la zona del proyecto estuvieran en regla.
Corpourabá sostuvo entonces que desde diciembre de 2021 ya había otorgado tres prórrogas (cada una de seis meses) y ahora estaba impedida para emitir una cuarta. “Esta autoridad no desconoce todo lo que implica el proceso de constitución de servidumbres, sin embargo, considera que desde el otorgamiento del permiso y pese a las prórrogas, ha transcurrido un aproximado de dos años, sin que exista cumplimiento total”, quedó plasmado en la resolución.
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Al ser interrogados por los fundamentos de la decisión Corpourabá argumentó que se trataba de garantizar los derechos de todos los involucrados en la zona de influencia del proyecto. “No podemos perder de vista que en cada una de las actuaciones de la corporación esta debe ser garante de los derechos que asisten a otras personas”, expresó la jefe jurídica Erika Higuita Restrepo.
A pesar de esa argumentación, el 12 de febrero de 2025, el director Tamayo echó para atrás esa decisión y reanudó sorpresivamente la licencia ambiental.
La denuncia del director
Pese que durante todo aquel pulso Tamayo nunca dio declaraciones públicas, tras romper su silencio esta semana señaló no solo haber sido influenciado por funcionarios internos a firmar esas primeras suspensiones, sino que denunció presiones cuando decidió echarse para atrás.
“Yo entré en mayo como director. Tengo que ser realista, yo soy contador público y de pronto en el momento el tema de normatividad ambiental y algunas cosas las desconocía. Mi secretaria general y mi subdirector me dijeron un día: ‘No, es que ellos (Puerto Antioquia) no están cumpliendo una obligación, que es el tema de una servidumbre y procede una medida cautelar’. Primero procedimos a la medida cautelar, pero después me fui dando cuenta de que la medida no tenía piso, porque tenía que haber daño ambiental”, dijo Tamayo, quien aseguró que luego se asesoró jurídicamente y concluyó que la suspensión se tenía que reversar.
Ya en febrero, pocos días después de haber reversado la suspensión, Tamayo aseguró haber sido citado a una reunión en el Hotel Park 10 de El Poblado en la que el exsenador Julián Bedoya presuntamente lo habría intimidado.
“Más o menos a las 5:00 p.m. llegué al lugar. Estaba el doctor Julián Bedoya, Jonnan y otros abogados y personas. Se me intimidó muy fuerte por el levantamiento del puerto y me preguntaron quién había dado la orden y que yo a partir de ese momento era su enemigo”, aseguró.
“Me dijeron que reversara la decisión o que tirara la licencia del puerto hacia atrás. También llegó a la reunión la doctora Elizabeth Ríos Granada (exsecretaria general de Corpourabá), entonces ellos ahí empezaron a cranear”, añadió, sosteniendo que luego se apartó de esa reunión, se negó a suspender la obra otra vez y allí habrían empezado las presiones para sacarlo de su cargo y ser reemplazado por el exalcalde de Carepa, Jonnan Alexis Cerquera.
Pese a que el consejo directivo del pasado martes en el que Tamayo sería removido se desbarató, la nueva ministra de Medio Ambiente, Lena Yanina Estrada, citó a un nuevo consejo directivo para discutir la designación de un nuevo director el próximo martes.
