La escena se ha convertido en una dolorosa rutina en el Magdalena Medio antioqueño: cadenas, candados y rostros marcados por la angustia y la enfermedad bloqueando la entrada a las oficinas de la Nueva EPS.
Este lunes, la sede de la Nueva EPS en el municipio de Puerto Berrío amaneció nuevamente tomada por sus propios afiliados, quienes, desesperados ante el incumplimiento sistemático en la entrega de fármacos y la negación de servicios, decidieron encadenarse para exigir su derecho a la vida.
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Tal como lo registraron medios de comunicación locales que hicieron presencia en el lugar, la protesta fue liderada por la Asociación de Usuarios del Hospital de Puerto Berrío. Su representante, Alberto Algarín, describió la situación actual de la entidad promotora de salud como “completamente caótica”, y señaló que la negligencia administrativa está cobrando vidas silenciosamente.
Los testimonios recogidos durante el plantón revelan un panorama desolador que va más allá de un simple retraso logístico. Según relató Algarín a la prensa local, hay pacientes que fallecen esperando una remisión que nunca llega o un medicamento de control que se entrega a medias o no se entrega en absoluto.
Entre los manifestantes se encontraba Tatiana, una usuaria que, visiblemente afectada, denunció ante las cámaras que lleva un año y dos meses esperando un medicamento para la migraña crónica. Su drama es doble, pues también debe velar por su madre, quien requiere pañales, una bolsa gástrica y medicamentos psiquiátricos como la quetiapina, insumos que la EPS ha dejado de suministrar con regularidad.
“Ellos me dan pañitos de agua tibia (...) me dan una palmadita en la espalda y me dicen ‘váyase para su casa que enseguida la llamamos’, pero pasa el tiempo y nunca llaman”, lamentó la usuaria, quien aseguró que la funcionaria regional de la EPS pretende enviarla a ciudades como Cartagena o Bogotá por fármacos que deberían estar disponibles en su municipio o, a lo sumo, en Medellín.
Otro caso crítico es el de Irene López, quien lleva año y medio incapacitada esperando una junta médica para una reconstrucción de rodilla y un tratamiento inyectable que cuesta $250.000, dinero que no tiene porque no puede trabajar. “Así como le sacan a uno para el seguro, deberían responder”, reclamó López durante la jornada.
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Un hospital asfixiado
La crisis de los pacientes es el reflejo del colapso financiero de la red prestadora. Según denunció el líder de los usuarios, la Nueva EPS, que actualmente se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional, le adeuda más de $16.000 millones al Hospital Clínica Genezen de Puerto Berrío.
“El hospital está ahogado. Las directivas están haciendo milagros, respiran pero se ahogan, porque necesitan plata para pagarle a sus trabajadores y mantener la infraestructura”, explicó Algarín. Esta cifra se suma al hueco financiero que ya habían advertido previamente instituciones como Promedan en Antioquia, evidenciando un riesgo sistémico en el departamento,.
Esta no es la primera vez que Puerto Berrío ve a sus ciudadanos encadenados. En octubre de 2025, reportamos cómo Adalberto Palacio tuvo que amarrarse a estas mismas puertas para exigir tratamiento para su esposa, quien padecía leishmaniasis visceral, y cómo Paula Amparo González reclamaba atención para su párkinson,.
De hecho, Aura Amparo González, quien participó en protestas anteriores, volvió a encadenarse en esta ocasión. “No es justo que cada mes tenga que venir a amarrarme. Si suspendo mi medicamento 24 horas, se daña el tratamiento y vuelvo a cero”, explicó, denunciando además el “paseo de la muerte” al que someten a los campesinos que bajan al casco urbano gastando lo poco que tienen para devolverse con las manos vacías.
Exigen respuestas urgentes
La protesta, acompañada por la Policía Nacional y la Sijín para garantizar el orden público, se mantiene firme bajo una consigna clara: no levantarán el bloqueo con promesas verbales. “Los compromisos se harán por escrito, porque las palabras se las lleva el viento”, sentenció Algarín.
Mientras a nivel nacional Asocapitales alerta sobre un colapso inminente del sistema y deudas que superan los $21 billones, en Puerto Berrío la crisis tiene rostro propio: el de decenas de familias que deben elegir entre comer o comprar la medicina que la EPS, por ley, debería garantizarles. Los carteles pegados en la fachada de la entidad lo resumen con crudeza: “Basta ya de muertes por negligencia”.
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