Los gobiernos de Antioquia y Medellín llegaron a la mitad de su camino. A dos años del cambio de gobierno, las administraciones de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez hicieron un corte de cuentas y presentaron los primeros indicadores de su gestión.
Tanto en el Departamento como el Distrito, el balance estuvo marcado por un avance en la lucha contra la pobreza y la presentación de las más importantes obras y programas que esperan dejar como legado antes de que termine 2027.
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En ambas entidades, la gestión también estuvo atravesada por una fracturada relación con el Gobierno Nacional, que se tradujo en proyectos desfinanciados y obras que, para no convertirse en elefantes blancos, ahora están siendo impulsadas con recursos de la región.
La pobreza y el hambre retrocedieron
En materia social, los principales logros por los que destacaron tanto Medellín como Antioquia fueron la reducción de la pobreza y una mejoría en los índices de hambre.
En el caso de la desnutrición infantil, el programa Antioquia Cómo Vamos destacó por ejemplo que Antioquia logró reducir su balance de niños menores de cinco años muertos por desnutrición.
Pese a que en 2020, con siete casos, la región había alcanzado su cifra más baja desde 2005, luego de la pandemia el número comenzó a crecer sostenidamente, alcanzando 13 casos en 2021, 16 en 2022 y 17 en 2023.
En 2024, la tendencia logró revertirse y volver a bajar a 14 casos. Con corte a septiembre, según consignó el programa en su informe, el dato era de tres muertes, el más bajo de los últimos 20 años
En este mismo indicador, Medellín también cerró con un balance histórico, logrando mantener por segundo año consecutivo la cifra de menores fallecidos por hambre en cero, cuando en 2023 dicho balance había cerrado en cuatro decesos. De igual forma, en el Distrito la desnutrición aguda en la primera infancia se contrajo en 0,5% este año.
Para ambos gobiernos, los resultados aparecieron luego de que se lanzaran un paquete de programas y acciones para combatir el hambre.
Mientras en Medellín la Alcaldía fortaleció el funcionamiento del programa Buen Comienzo y lideró junto con el sector privado la Alianza Medellín Cero Hambre, en Antioquia la Gobernación también robusteció la lucha contra el hambre, destinando la totalidad del impuesto vehicular a los programas con ese objetivo, como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), Arrullos, entre otros.
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Por otro lado, tanto en la capital como en el departamento, la pobreza retrocedió, dando cuenta del momento económico por el que atraviesa la región. Mientras en Antioquia la pobreza multidimensional retrocedió en la zona rural, pasando de 24,2 puntos en 2023 a 21,2 puntos en 2024; en Medellín ese mismo índice pasó de 12,2 puntos a 11,4 puntos.
El despegue de las obras más ambiciosas
En materia de infraestructura, los balances de Antioquia y Medellín también pusieron sobre la mesa los grandes proyectos que ya empezaron a andar y que se espera estén sobre ruedas antes del nuevo cambio de gobierno.
En el caso de Medellín, este año concluyó con el inicio y el anuncio de los proyectos de infraestructura más importantes, en una lista que incluye el comienzo de los trabajos de Parques del Río Norte (que pasó a llamarse Primavera Norte), el Gran Parque Medellín (que implicará una renovación estructural del aeroparque Juan Pablo II), el anuncio de la remodelación del estadio Atanasio Girardot y un amplio paquete de intervenciones en colegios y espacios deportivos y culturales como los nuevos Recreos.
En total, las inversiones proyectadas por el Distrito para este cuatrienio ascienden a los $8 billones e incluyen más de 1.800 obras.
Antes del fin del cuatrienio, el alcalde Gutiérrez agregó que también espera dejar licitadas y andando las obras del séptimo metrocable que se integrará al sistema metro, que conectará a la estación La Estrella con el corregimiento de San Antonio de Prado.
Antioquia, con un menor presupuesto de inversión, también presentó las obras que espera dejar como legado en el cuatrienio, concentrando la mayor parte de su músculo presupuestal en los proyectos de conectividad regional.
De lejos, el más importante de todos es el Túnel del Toyo, que desde 2023 ha sido uno de los puntos más álgidos de la relación entre el Gobierno Nacional y la región, al punto de que este último cedió los contratos de obra que tenía a su cargo para construir la vía de acceso a ese complejo.
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El valor actualizado de esas obras pendientes será de $820.000 millones, de los que la Gobernación de Antioquia anunció cubrirá al menos $478.000 millones y la Alcaldía de Medellín los $342.000 millones restantes.
La Gobernación también adjudicó este viernes un importante contrato para la pavimentación de 537 kilómetros de vías, que representará una inversión de $585.376 millones y con ese monto es el más grande de su tipo en el país en este momento.
De igual forma, la administración departamental radicó ante la Asamblea de Antioquia un proyecto de ordenanza para emplear más de $1,6 billones de vigencias futuras, de entre 2028 y hasta 2056, para arrancar con el primer tramo del Ferrocarril de Antioquia, el Tren del Río, en su unidad funcional entre Bello y Barbosa.
Además del Túnel del Toyo, otro proyecto en el que Medellín y Antioquia sumaron sus fuerzas fue el acueducto de Urabá, bautizado como el proyecto Sable, en el que EPM y la Gobernación de Antioquia ya están adelantando los diseños y se proyecta una inversión cercana a $1 billón.
Tanto El Toyo como el acueducto sacaron a relucir cómo en los últimos dos años, ambos entes territoriales le hicieron frente a una difícil relación con el Palacio de Nariño, que no tuvo a la región dentro de sus prioridades presupuestales y que causó permanente controversia por su manejo de otras problemáticas, principalmente las de la seguridad.
El problema de la seguridad preocupa
El balance de la seguridad tanto en Antioquia como Medellín tuvo dos caras, ya que pese a que ambos entes ejecutaron grandes inversiones, el balance cerró con un incremento en los homicidios, tanto en el área urbana como en la rural.
El panorama más crítico se mantiene en la zona limítrofe entre Antioquia, el sur de Córdoba y Bolívar, en donde el recrudecimiento en las confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las Disidencias de las Farc han impulsado al alza los homicidios, secuestros y los actos terroristas.
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Medellín y su área metropolitana no han sido ajenos a las acciones terroristas, como por ejemplo quedó en evidencia en septiembre pasado, cuando presuntos integrantes de las disidencias de las Farc plantaron y detonaron artefactos explosivos en una torre de energía de La Asomadera.
Tanto Gutiérrez como Rendón han insistido este año en ver ese recrudecimiento en la violencia como un resultado de la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien señalan de haber permitido que los grupos armados se fortalecieran.
En sus respectivos balances, mientras Antioquia destacó la realización de las primeras inversiones de la tasa de seguridad (que incluyen la entrega de 52 camionetas, 132 motos, más de 2.000 unidades de material de intendencia y la adecuación de 25 estaciones y subestaciones), Medellín también fortaleció el equipamiento de la Fuerza Pública y anunció la construcción del C5, un importante centro de monitoreo de nueve niveles en el que se integrarán los organismos de seguridad y de socorro.
Durante este ejercicio de corte de cuentas, tanto Gutiérrez como Rendón expresaron su expectativa precisamente por el cambio de administración en el nivel nacional, señalando confiar en que muchos otros proyectos necesarios para Antioquia y Medellín cuenten con apoyo político y presupuestal desde el Gobierno Nacional.
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