La madrugada y la mañana de este domingo estuvieron marcadas por una compleja situación de orden público en el municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, donde un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal derivó en protestas, enfrentamientos y denuncias por presuntas afectaciones a la población civil.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades adelantaron desde las primeras horas del día un amplio operativo en una zona minera, lo que provocó movilizaciones de mineros informales y habitantes del municipio.
En medio de esos hechos comenzaron a circular videos en los que se observa la presencia de uniformados en sectores urbanos y se escuchan múltiples detonaciones. Además, organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron llegar a este diario registros audiovisuales y testimonios en los que se denuncia el uso de gases lacrimógenos en un barrio donde residen familias con niños.
EL COLOMBIANO pudo ponerse en contacto con una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, cuya identidad se reserva por razones de seguridad y a petición del ciudadano. Según su relato, la comunidad se encontraba realizando una manifestación cuando se presentaron nuevos enfrentamientos.
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“Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el ESMAD (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, aseguró el testigo.
La misma persona afirmó que el uso de gases no solo ocurrió en inmediaciones de la zona minera, sino también dentro del casco urbano del municipio.
“El ataque con gases también se registró en el urbano del municipio, afectando las casas de las personas, especialmente en la madrugada cuando todo el mundo estaba descansando. Había personas que tuvieron que salir desesperadas porque el humo y el gas estaban entrando a las viviendas”, señaló.
El núcleo del conflicto
El ciudadano también sostuvo que el operativo se desarrolló en inmediaciones de la mina Frontera Gold y afirmó que la intervención habría estado relacionada con la multinacional Aris Mining.
Desde hace varios años este punto concentra tensiones entre mineros tradicionales que trabajan en la zona y la multinacional titular de buena parte de los derechos mineros en el municipio.
Según explica el mismo ciudadano, cientos de pequeños mineros que trabajan en estos sectores realizan minería histórica o ancestral y han solicitado en varias oportunidades la celebración de contratos de formalización o subcontratos de operación con la empresa del título minero.
Asegura que su interés es avanzar hacia procesos de formalización que les permitan continuar su actividad dentro de un marco legal.
Aquí cabe explicar que, si bien muchas comunidades y familias han practicado la minería de manera tradicional y ancestral durante generaciones, la legislación actual exige títulos mineros formalizados y licencias ambientales para que la actividad sea legal. Es por esto que por un lado las autoridades hablan de minería ilegal y por el otro los manifestantes exigen formalización.
Además, afirma que se encuentran inscritos en programas nacionales de formalización liderados por la Agencia Nacional de Minería a través de la empresa Frontera Gold.
Lo que hoy reclaman es que se reactive una mesa de diálogo entre las partes mientras se define una solución jurídica para cerca de 800 mineros que dependen directamente de esa explotación y cientos de familias más que derivan su sustento de esa actividad.
“Lo que necesitamos es que esta minería histórica sea acogida por Aris Mining y que cesen los operativos mientras se desarrolla una mesa donde participen las autoridades, organismos de derechos humanos, la empresa y los representantes mineros”, explicó la misma fuente.
A finales de 2025, la Policía realizó un operativo en la misma zona también por presunta explotación no autorizada en un título minero perteneciente a otra compañía. Sin embargo, suspendió la diligencia de allanamiento después de que más de un centenar de personas salieran de los socavones y se presentara una asonada.
La empresa minera Frontera Gold que se ha visto afectada manifestó anteriormente que está legalmente constituida y que sus instalaciones son minas en “proceso de formación”, que se referiría a la etapa de exploración y construcción.
En esta ocasión, volvió a manifestar su rechazo a “cualquier hecho de violencia que pusiera en riesgo la integridad de las personas” y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades restablecer las condiciones de seguridad, señalando que cientos de trabajadores, contratistas y proveedores dependen de sus operaciones en la región.
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EL COLOMBIANO se puso en contacto con Aris Mining para conocer su posición frente a los señalamientos realizados en el testimonio. La compañía respondió: “Por ser un tema de orden público externo, recomendamos acudir a la versión de las autoridades”.
Un muerto dentro de las manifestaciones
Por otro lado, el ciudadano también se refirió a la muerte de uno de los manifestantes que se encontraba presente.
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“La persona que murió era una persona que ya está en la manifestación, después de que se hizo esa intervención”
Frente a estas afirmaciones, EL COLOMBIANO se puso en contacto con personal del Ejército Nacional para conocer la versión oficial sobre lo ocurrido.
Según la información suministrada por la institución, las tropas se encontraban apoyando a la Policía en labores de seguridad durante las manifestaciones cuando, presuntamente, uno de los manifestantes disparó contra un soldado que hacía parte de una patrulla motorizada.
De acuerdo con esa versión, el uniformado respondió al ataque y se produjo un intercambio de disparos. Posteriormente, indicaron las fuentes militares, la persona que habría abierto fuego corrió hacia el grupo de manifestantes y allí se perdió de vista. Minutos después, un hombre herido ingresó a un centro asistencial del municipio, donde falleció.
Las autoridades agregaron que, por el momento, no se ha establecido plenamente la identidad de la persona fallecida ni si tendría alguna relación con un grupo armado ilegal.
Pronunciamiento de Andrés Julián Rendón
Sobre la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que los hechos registrados en Segovia obedecen a una retaliación del Clan del Golfo por los operativos que adelantan la Fiscalía, el Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la región.
A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que desde la Gobernación respalda las acciones de las autoridades y anunció la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta institucional.
Rendón también señaló que, según la información de las autoridades, existe una presunta instrumentalización de algunos habitantes por parte de esa estructura criminal.
Agregó que, al momento de su pronunciamiento, persistían cuatro bloqueos en los accesos a Segovia, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta.
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Indicó que una patrulla del Ejército fue atacada durante los disturbios y aseguró que en la zona permanece desplegada la fuerza pública con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la población civil.
La situación ocurre en una zona que desde hace varios años enfrenta una alta complejidad en materia de seguridad. Los municipios de Segovia y Remedios han sido escenario de disputas entre diferentes estructuras armadas ilegales por el control territorial y de economías ilícitas, entre ellas la minería de oro.
Mientras avanzan las verificaciones sobre lo sucedido, la situación en Segovia continúa siendo tensa y las autoridades mantienen presencia en el municipio.
¿Qué han dicho las autoridades de Segovia?
La Administración Municipal de Segovia precisó que el operativo en las zonas mineras “obedece a procedimientos desarrollados por las autoridades competentes, en el marco de sus funciones y competencias legales, y no corresponde a decisiones adoptadas por la Administración Municipal”, aunque se aclaró que, como gobierno local, asume “la responsabilidad de liderar la respuesta institucional frente a las afectaciones que estos hechos han generado para la comunidad”.
Ante este panorama de zozobra, durante la jornada se realizaron el Consejo Subregional de Seguridad y el Consejo Extraordinario de Seguridad del municipio, en los que participaron autoridades civiles, militares y de policía “con el propósito de evaluar el panorama de orden público, coordinar la respuesta institucional y definir las medidas necesarias para proteger la vida, garantizar los derechos de la ciudadanía y avanzar en el restablecimiento de la seguridad y la convivencia”.
Como resultado de ese trabajo articulado, la Alcaldía anunció la expedición de un decreto con medidas transitorias de orden público que regirán hasta las 12:00 a.m. del próximo miércoles 15 de julio, entre ellas la restricción del parrillero en motocicleta durante las 24 horas y toque de queda para establecimientos con venta de licor entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.
La Administración también hizo un llamado a la ciudadanía “a ejercer sus derechos de manera pacífica y dentro del marco de la Constitución y la ley, respetando los derechos de los demás y permitiendo el funcionamiento de los corredores humanitarios y de los servicios esenciales para toda la población”.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué ocurrió este domingo en Segovia, Antioquia?
- En Segovia se registró una compleja situación de orden público durante un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal, que derivó en protestas, denuncias de la comunidad y la muerte de una persona.
- ¿Qué denuncian los habitantes de Segovia sobre el operativo?
- Un testigo consultado por EL COLOMBIANO aseguró que durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos que afectaron viviendas del casco urbano, incluyendo casas donde había familias y niños.
- ¿Por qué Segovia es una zona de alta complejidad en materia de seguridad?
- Segovia y el vecino municipio de Remedios enfrentan desde hace años disputas entre diferentes grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas, entre ellas la minería de oro.
- ¿La minería ancestral o tradicional es considerada ilegal en Colombia?
- Aunque comunidades y organizaciones mineras defienden esta actividad como minería ancestral o tradicional, debido a que ha sido el sustento de numerosas familias durante generaciones, la legislación colombiana exige que toda explotación cuente con un título minero vigente y una licencia ambiental. En ausencia de estos requisitos, el Estado la considera explotación no autorizada o minería ilegal.
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