La Asamblea de Antioquia decidirá este martes si aprueba o hunde una iniciativa para construir varias vías en el departamento, contemplando el mecanismo de valorización.
El proyecto, impulsado por la Gobernación de Antioquia, ha generado reacciones divididas tanto dentro de la Asamblea como de varios municipios por los que pasarán esos corredores, a raíz de los impactos que tendría en los contribuyentes.
El debate de este martes es clave, dado que el pasado 28 de septiembre, la Comisión Primera de la Asamblea, encargada de Hacienda y Asuntos Económicos, ya dio su aval en primer debate para que el documento fuera sometido a la consideración de la plenaria, instancia que tendrá la última palabra.
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Pese a que durante su votación en comisión el proyecto pasó con holgura, contando con cinco votos a favor y solo uno en contra, la discusión fue álgida en varios momentos e incluso llevó a que se retiraran varios corredores.
Según explicó entonces el secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Cataño Gómez, dentro de esa bolsa había inicialmente seis proyectos, dos de ellos pensados como alianzas público privadas de iniciativa privada.
La lista inicial estaba compuesta por las vías El Santuario–Providencia, La Ceja y La Pintada, El Carmen de Viboral–Canadá–La Unión, la ampliación de la vía San Jerónimo–San Pedro de los Milagros, una vía entre Andes y Jericó y un circuito en el Urabá antioqueño para conectar la zona portuaria, el aeropuerto y las red 4G.
El costo total de las seis vías, según las previsiones de la Gobernación, era de $4,8 billones, siendo las más costosas las dos proyectadas con alianzas público privadas. Mientras esos dos corredores valdrían $4 billones, los otros cuatro valdrían cerca de $800.000 millones.
“Lo que buscamos financiar en la Asamblea, para completar los estudios de factibilidad, son alrededor de dos billones de pesos en conjunto, porque son obras muy grandes y la valorización es una de las alternativas para lograr su cierre financiero; solo con peajes no es posible construirlas”, argumentó en diálogo con este diario.
Tras las discusiones de las últimas semanas, se limitó el alcance del proyecto solamente a cuatro tramos viales, quedándose por fuera los más costosos.
La lista final quedó compuesta por las vías El Canadá - El Carmen de Viboral, La Unión - El Carmen de Viboral, Jericó - Buenos Aires - La Bodega (Andes), y el circuito de Urabá, Ríogrande - Nueva Colonia - Embarcadero - Zungo - Casa Verde.
Este paquete tiene un valor de $ 852.497 millones y una longitud de 76,53 km.
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Aunque la sesión comenzó hacia las 9:30 de la mañana, la discusión por el proyecto de ordenanza no comenzó hasta la tarde, debido a una larga discusión que se produjo por los posibles impedimentos en los que podrían incurrir varios diputados que tenían terrenos o familiares con terrenos localizados en el área mencionada en el proyecto.
Vale recordar que por este mismo tema, en el debate realizado en Comisión Primera ya se habían declarado impedidos los diputados Gabriel Jaime Giraldo y Edison Antonio Restrepo.
Este martes, inicialmente se discutieron los posibles impedimentos de los diputados José Luis Noreña y Rogelio Zapata, que posteriormente fueron descartados. Cuando ese punto se pensaba superado, los diputados Walter Salas y Camilo Calle, de Urabá, pidieron suspender el debate y señalaron no tener certeza de si estaban impedidos.
Tras una discusión que se extendió por varias horas, y que incluso obligó a ordenar un receso, la plenaria votó negativo a los impedimentos y el debate por fin arrancó.
Aunque en la Asamblea entre la mayor parte de los diputados hay un consenso sobre la urgencia y la importancia de esas vías, las opiniones se dividieron en torno a la pertinencia de la valorización, que suele ser uno de los mecanismos tributarios más controvertidos.
Desde el punto de vista político, el debate también se vio marcado por varias consideraciones, sobre todo orientadas a la pertinencia de avalar un mecanismo impopular pocos meses antes de las elecciones y en medio de un contexto en el que el costo de vida y los tributos del orden nacional han incrementado en muchos sectores.
Hacia las 1:50 de la tarde, el diputado Luis Gabriel Gómez, ponente del proyecto, sustentó la iniciativa y arrancó argumentando que el proyecto contempló varios tratamientos especiales, como excluir del cobro a las viviendas de Interés Social, Interés Prioritario y los hogares clasificados en los estratos 1, 2 y 3.
De igual forma, señaló que el cobro no se aplicaría sobre adultos mayores, madres cabeza de familia, población víctima del conflicto armado, víctimas de desastres naturales y otros casos fortuitos.
Por otro lado, Gómez aclaró que en el proyecto de ordenanza no se estaría aprobando un cobro inmediato, sino que se le estaría dando luz verde a la Gobernación para efectuar un estudio de factibilidad y fijar unas reglas generales previas a la realización del cobro, para que el que quedaría facultado el gobernador Andrés Julián Rendón.
“Aquí estamos enviando el mensaje de que no solamente estamos construyendo carreteras, sino llevando oportunidades, progreso y desarrollo”, dijo el diputado ponente, quien también se refirió a los cuestionamientos políticos que han recaído sobre los futuros cobros.
“Si el costo político que haya que asumir es a costa de llevar progreso y desarrollo, yo estoy dispuesto a asumirlo. A mi me eligieron no para quedarme manicruzado. Lo mejor sería no hacer nada, pero nos eligieron para tomar decisiones, así muchas de ellas sean impopulares”, agregó.
Tras la intervención de Gómez, el turno para hablar fue de los alcaldes, los gremios y la ciudadanía, desde donde se formularon reparos al proyecto.
Por el lado de los alcaldes se expusieron dos posturas. Mientras el alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, apoyó el proyecto y señaló que si este se hundía se frenaba el desarrollo de Urabá, otros municipios como Cisneros (antes afectado por los corredores, pero excluido tras los ajustes), la alcaldesa Lina María Correa envió un oficio sosteniendo que sus habitantes no aguantarían más impuestos.
A la sesión de este martes también fueron invitados los alcaldes de Jericó, Turbo, Apartadó, Andes y El Carmen de Viboral, pero ninguno estaba presente cuando llegó su momento de intervenir.
Por el lado del sector privado, uno de los reclamos más duros fue el realizado por el gremio bananero de Urabá, que consideró desproporcionado usar la valorización allí.
“Augura no se opone a la competitividad de Antioquia, nos oponemos a que esta infraestructura sea financiada de manera desproporcionada por un sector productivo que tanto le ha aportado a la región de Urabá”, expresó Marco Tulio Calvo Sánchez, vocero de esa agremiación.
Posteriormente la Secretaría de Infraestructura de Antioquia tomó la palabra y volvió a defender la pertinencia de la iniciativa, sosteniendo que sería el camino más expedito para poder intervenir varios corredores que atraviesan por una grave crisis de infraestructura.
El secretario argumentó que la Gobernación ya ha comprometido la mayor cantidad de recursos posibles para poner a andar varias intervenciones viales, incluyendo el mecanismo de estabilización, mejoramientos, placas, huella, puentes y otras obras.
En total, el Departamento señaló ha intervenido 1.072 kilómetros de vías por un valor de $2,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a recursos propios, $383.251 a regalías, $71.630 a una mezcla de regalías y recursos propios y otros $776.912 millones por la modalidad de obras por impuestos.
Hacia las 4:00 de la tarde de este martes, el debate continuaba y se esperaba que al final de la jornada los diputados votaran.
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