La Fiscalía no encontró rastro de interceptaciones al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
En medio de la denuncia que él mismo radicó por una supuesta “chuzada” a su línea celular, el ente acusador revisó la base de datos donde se registran estas actuaciones judiciales y, por ahora, no aparece ninguna orden que lo involucre. Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes de la Fiscalía.
Precisamente la fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó este martes los primeros detalles de la indagación, que apenas comienza.
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En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó que actualmente hay alrededor de 13.000 interceptaciones activas, todas realizadas con orden de un fiscal, autorización de un juez y control judicial posterior. “Desde la Vicefiscalía estamos haciendo ese rastreo”, dijo Camargo.
Detalló que estas interceptaciones legales hacen parte de entre 2.000 y 2.300 investigaciones, cifras que aclaró son aproximadas.
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Señaló, además, que no es posible conocer detalles ni contenidos de estas interceptaciones debido a la naturaleza reservada de la investigación penal, ya que se trata de actuaciones que requieren autorización de un juez para intervenir en la vida privada de las personas y que, por su carácter, “no circulan libremente dentro de la Fiscalía ni pueden ser de conocimiento público”.
“Si en esa investigación existe, por ejemplo, una interceptación relacionada con alguno de los interlocutores (no necesariamente con el candidato ni por su condición de candidato), podría tratarse de personas que sí están siendo investigadas y, por ello, están siendo objeto de escuchas. En ese sentido, no puedo afirmar categóricamente que no exista una interceptación; es algo que actualmente se está verificando”, indicó la fiscal Camargo.
La representante del ente acusador cuestionó al presidente Gustavo Petro. “Lo realmente grave no es ese punto. Lo verdaderamente preocupante es cómo esa información llega a oídos del presidente, tratándose de datos a los que ni siquiera yo tengo acceso, ni debería tenerlo, dado el carácter absolutamente reservado que tienen las interceptaciones judiciales”, agregó la fiscal.
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Camargo insistió en que la inquietud que le surge es cómo el mandatario tiene conocimiento de una interceptación y cómo menciona, con aparente tranquilidad, que esta proviene de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Recordó que el país ya vivió “un episodio muy grave de interceptaciones ilegales, conocido como “las chuzadas”, que implicó delitos de gran magnitud” y llevó a la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Añadió, además, que esa entidad fue reemplazada por la Dirección Nacional de Inteligencia, y que esos hechos ocurrieron en una época en la que ella trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Indicó además que, tras lo sucedido recientemente, se inició un barrido para verificar si existe una interceptación legal.
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