La abogada Diana Muñoz Castellanos, defensora del contratista Emilio Tapia Aldana, aseguró en entrevista con La FM que su cliente “no es un prófugo de la justicia”, pese a la decisión del Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que revocó su libertad condicional el pasado 10 de octubre.
Muñoz explicó que el mismo día en que se conoció el fallo, Tapia envió comunicaciones al juzgado de ejecución de penas de Barranquilla y al Inpec para ponerse a disposición de las autoridades. Según la abogada, hasta la fecha “no ha sido emitida formalmente una orden de captura en su contra”.
“Emilio no está prófugo de la justicia. Desde el día uno nos pusimos a disposición del juez de ejecución de penas y del Inpec. Él sigue colaborando con la administración de justicia en los procesos donde actúa como testigo”, señaló la abogada Muñoz Castellanos en declaraciones a La FM.
La defensa argumentó que, aunque la decisión judicial de segunda instancia ordenó la captura inmediata del contratista, esta debe ejecutarse por medio del juez de ejecución de penas competente, que en este caso es la Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón, quien en abril pasado le había concedido la libertad condicional.
Muñoz agregó que Tapia continúa colaborando eficazmente con la justicia en calidad de testigo dentro de los casos de corrupción por los cuales fue condenado, como el carrusel de la contratación en Bogotá y el escándalo de Centros Poblados.
Sobre su paradero, la abogada evitó dar detalles por motivos de seguridad: “Por razones de seguridad, esa información no se divulga. No porque esté prófugo, porque insisto, no lo está. Emilio tiene una situación de seguridad muy sensible que exige prudencia frente al lugar donde se encuentra”.
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La defensa recordó que Tapia y su familia atraviesan un contexto de riesgo debido a su colaboración judicial. Además, su ubicación —según la abogada— fue puesta en conocimiento de su juez de ejecución de penas.
Actualmente, la juez Claribel Fernández Castellón enfrenta una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades al otorgar la libertad condicional a Tapia. La funcionaria argumentó que el condenado ya había cumplido las tres quintas partes de su pena, pero la Procuraduría cuestionó que no se hubiera tramitado a tiempo un recurso contra esa decisión.
Emilio Tapia, esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo, fue condenado en 2015 a siete años de prisión por el carrusel de la contratación y, posteriormente, en 2021, recibió una nueva condena de seis años y cuatro meses por su papel en el caso Centros Poblados, donde se desvió un anticipo de 70.000 millones de pesos del contrato con el MinTIC para llevar internet a zonas rurales.
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