Aunque el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 de gestación, en el Concejo de Bogotá avanza una iniciativa que ha generado alerta entre organizaciones sociales y defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Se trata del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, presentado por la concejal Clara Lucía Sandoval, del Partido Liberal.
La propuesta, aprobada en primer debate el pasado 23 de mayo en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, plantea la creación de un plan de acompañamiento para mujeres durante el embarazo, la lactancia y el posparto, con énfasis en apoyo psicosocial y salud mental. Sin embargo, una de sus disposiciones encendió las alarmas: el llamado a establecer acciones de sensibilización y capacitación a servidores públicos en “alternativas a la IVE” (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Además incluiría una valoración de salud mental obligatoria antes de acceder al procedimiento.
Organizaciones feministas consideran que el articulado introduce un riesgo de presión indebida sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Según La Mesa por la Vida, la iniciativa “crea obstáculos injustificados, desconoce la normatividad nacional vigente y abre la puerta a nuevas trabas para acceder a la IVE”.
“Ofrecer alternativas a la IVE en contextos de atención en salud mental puede derivar en presiones directas o indirectas que afectan la libertad de decisión”, advirtió la plataforma, que además pidió archivar el proyecto al considerarlo inconstitucional.
Cristina Rosero, abogada e integrante del movimiento Causa Justa, le dijo a EL COLOMBIANO que el proyecto puede traducirse en un retroceso: “El acuerdo establece un acompañamiento psicosocial y la capacitación del personal para dar rutas alternativas a la IVE. Creemos que esto puede generar barreras de acceso, porque en muchos casos los funcionarios de la salud no están de acuerdo con el aborto y terminan en prácticas de disuasión para que las mujeres no accedan al procedimiento”.
Rosero hizo énfasis en que la ruta de atención materno-perinatal ya está regulada por la Resolución 051 de 2023, que contempla consultas iniciales en las que se presentan distintas opciones. Es decir, implementar otra evaluación psicológica implicaría agregar un nuevo paso en el acceso a la IVE, lo que dificultaría que las mujeres puedan ejercer su derecho.
“Esa normativa aclara que esta información en ningún caso debe usarse para impedir el acceso al aborto. Si el Concejo estableciera este acompañamiento como requisito, estaría creando una barrera no contemplada en la jurisprudencia”, agregó.
La abogada insistió en que el acompañamiento psicosocial debe ser voluntario y nunca una imposición: “Si la usuaria lo solicita, debe proveerse, pero no puede convertirse en una barrera o condicionamiento. El riesgo es que, bajo el amparo de este acuerdo, se trasladen a la atención en salud los estigmas de los funcionarios”.
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Líos en el trámite
Durante la plenaria del 9 de septiembre, se debatieron dos recusaciones ligadas al proyecto. Una ciudadana pidió apartar al concejal Marco Fidel Acosta (Colombia Justa Libres) por su militancia en movimientos “provida”, y otra cuestionó a la propia autora de la iniciativa por sus posturas frente al aborto. Ambas fueron rechazadas por la corporación.
Sin embargo, hay una recusación en curso. En conversación con EL COLOMBIANO, el equipo de Sandoval confirmó que este recurso fue presentado argumentado en el artículo 11 de la Ley 1437, numeral 11. Aquel artículo reza que se aplicará la recusación por: “Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado”.
Por esta razón, la concejal aseguró que no seguirá dando más declaraciones por fuera de las sesiones de debate del Concejo. La discusión del proyecto se dará nuevamente en noviembre.
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Lo que dice la Corte
Desde la sentencia C-055 de 2022, que amplió el acceso al aborto hasta las 24 semanas, la Corte Constitucional ha reiterado que no pueden imponerse requisitos adicionales a los establecidos. Para movimientos como Causa Justa, que impulsó la despenalización, el Proyecto 340 podría abrir la puerta a retrocesos.
El temor no es menor: un informe de la misma plataforma identificó cerca de 100 barreras que persisten en la práctica, sobre todo en zonas rurales o de alta vulnerabilidad, lo que retrasa el acceso y obliga a muchas personas a viajar a Bogotá para recibir atención. En ese contexto, las colectividades advierten que cualquier medida que sume trámites o disuasiones puede traducirse en más abortos inseguros y en un incremento de riesgos para la salud y la vida de las mujeres.
Esta es la normativa actual sobre el aborto
¿Por cuáles leyes está regulado el aborto en Colombia?
El aborto en Colombia está regulado por el Código Penal (art. 122-124) y por las sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la C-355 de 2006 y la C-055 de 2022.
¿Hasta qué semana se puede abortar legalmente y bajo qué condiciones?
Es legal hasta la semana 24 sin necesidad de justificación; después de ese plazo, solo en casos de violación, riesgo para la salud o vida de la mujer, o malformación del feto incompatible con la vida.
¿Qué establece la Corte con respecto a implementar normas adicionales para el acceso al aborto?
La Corte ha establecido que no pueden imponerse requisitos adicionales ni trabas administrativas más allá de las ya definidas constitucionalmente.
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