Más de dos décadas después de que la Fiscalía decidiera abstenerse de investigar a Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, salió a explicar las razones que llevaron a esa determinación, hoy nuevamente bajo la lupa tras el llamado a indagatoria contra el exmandatario.
En una entrevista concedida al diario EL TIEMPO, Gómez Méndez sostuvo que la decisión adoptada en el año 2000 obedeció exclusivamente a la valoración de las pruebas disponibles en ese momento, las cuales, según afirmó, no permitían iniciar una investigación formal.
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El exfiscal recordó que la Fiscalía analizaba entonces una eventual responsabilidad por omisión de Uribe, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Sin embargo, aseguró que el material probatorio no alcanzaba el umbral necesario para abrir un proceso penal.
Además, enfatizó que la decisión no fue producto de una actuación individual. Explicó que el auto inhibitorio fue firmado por el fiscal Luis Édgar Martínez con su autorización expresa, por lo que insistió en que se trató de una determinación institucional asumida bajo su responsabilidad.
Gómez Méndez también reconstruyó el recorrido que tuvo el expediente durante los años siguientes. Señaló que el auto inhibitorio nunca fue apelado por la Procuraduría y permaneció vigente durante las administraciones de los fiscales generales Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales, sin que fuera modificado.
De acuerdo con su versión, el caso solo cambió de rumbo durante la gestión de Eduardo Montealegre, cuando la Fiscalía revocó la decisión inicial. Aunque dijo no conocer con precisión qué motivó esa determinación, consideró que pudieron aparecer nuevos elementos de prueba derivados de los procesos de Justicia y Paz o de la denuncia presentada en 2011 por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda.
No obstante, el exfiscal destacó que, pese a la reapertura del expediente, durante el tiempo en que la Fiscalía recuperó la competencia para investigar a Uribe, tampoco se produjo una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Explicó que esa situación cambió en 2014, cuando Uribe fue elegido senador. Desde ese momento, la competencia pasó a la Corte Suprema de Justicia por el fuero constitucional del entonces congresista, instancia que conservó el expediente hasta su renuncia al Senado.
Gómez Méndez también se refirió al debate generado por la decisión de citar a indagatoria al expresidente en medio del ambiente preelectoral en el que Cepeda, ahora candidato presidencial, se perfilaba para ganar las elecciones y suceder a Gustavo Petro en el poder, una circunstancia que ha sido cuestionada por el propio Uribe y por algunos sectores políticos.
Aunque reconoció que existen opiniones según las cuales el momento elegido podía generar controversia, sostuvo que ese tipo de valoraciones corresponden exclusivamente a la autonomía de los fiscales encargados del proceso.
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