El 2025 cerró como el mejor año del ELN en al menos dos décadas pues expandieron su presencia territorial, sostuvieron la capacidad militar, preservaron su andamiaje financiero y combinaron ofensivas armadas con participación en la mesas de diálogos; es decir, gracias al Gobierno Petro, siguieron con sus actividades criminales en plenas negociaciones.
El propio jefe de Estado prometió en campaña que iba a llegar a la paz con el ELN gracias a la “paz total” en tres meses: el problema es que no solo incumplió esa promesa, sino que, peor aún, esa guerrilla es más poderosa.
El PhD. en Criminología, Jorge Mantilla, publicó en La Silla Vacía un artículo académico explicando cómo Petro “premió” al ELN durante estos más de tres años y medio de mandato. En EL COLOMBIANO hablamos con el experto quien sostiene que pese a golpes contra el lavado de activos y procesos de extinción de dominio, la organización mantuvo una “salud financiera” inmejorable para ejecutar sus planes delictivos.
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De sobrevivir a expandirse
Hace dos décadas, el ELN atravesaba una de las etapas más críticas de su historia. Mantilla considera que “era difícil pensar que el ELN pudiera estar en el lugar en el que se encuentra hoy”. Sus bases habían sido casi aniquiladas por la violencia paramilitar, sus estructuras urbanas eran “una decena de células inoperantes” y sus principales mandos estaban replegados en zonas como la Serranía de San Lucas, el Catatumbo y corredores de frontera con Venezuela.
Ese punto de quiebre se formalizó en 2006, con el cuarto Congreso del ELN, que ordenó priorizar la “lucha de masas” urbana y la construcción de un Frente de Guerra Urbano, mientras los frentes rurales se concentraban en asegurar la supervivencia. Durante los años del Gobierno Santos, la organización se mantuvo bajo el amparo de frentes del oriente del país y perfeccionó una capacidad que hoy define su actuación: chantajear al gobierno de turno.
Para Mantilla, una de las claves para entender al ELN actual es asumir que no se trata de una organización homogénea. “Hoy opera bajo diferentes formatos, hay distintos ELN”, explica, lo que convierte la negociación —y también la confrontación— en un problema de identificación: saber “cuál es el ELN que se está enfrentando o con el que se está negociando”.
Aunque existe una sombrilla nacional con una identidad histórica común, el experto sostiene que hoy pesa más “la economía política regional de la organización”, donde cada estructura se adapta a dinámicas locales de minería ilegal, extorsión o narcotráfico como parte de su estrategia de supervivencia.
En su análisis, considera que el ELN aprendió de la experiencia de las antiguas FARC y entendió que, para sostener un proyecto armado, debía asegurar recursos económicos estables, sobre todo en regiones donde ha mostrado debilidad militar, como una “una de las empresas más prósperas del país” describe Mantilla al grupo guerrillero en ese rublo. De ahí su adaptación a economías ilegales y su consolidación como “ejército binacional”, en particular por su relación con la frontera venezolana.
¿Y el Gobierno?
El diagnóstico encuentra respaldo en el Balance de Grupos Armados 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que ubica al ELN como uno de los actores con mayor “capital armado” del país. A mayo de 2025, la fundación estima entre 2.300 y 2.800 combatientes y presencia en 150 municipios, con un Índice de Capital Armado de 7,3, (los recursos y la capacidad que tiene cada grupo para sobrevivir; se mide de 1 a 10) uno de los más altos entre las estructuras activas.
El diagnóstico de la Fundación ubica al ELN como uno de los actores con mayor capacidad de adaptación y persistencia dentro del actual ciclo de violencia armada. El informe señala que su crecimiento reciente “tiene raíces estructurales” y se explica, en primer lugar, por el aprovechamiento del vacío territorial dejado tras la desmovilización de las FARC en 2016.
“El grupo aprovechó el vacío territorial que dejó esa organización para extender su influencia en zonas donde antes no tenía presencia o donde era marginal”. Y es que entre 2019 y 2024, el ELN pasó de operar en 193 municipios a alcanzar presencia en 231, con ajustes posteriores por fracturas internas.
Pares atribuye esa expansión a su estructura confederada, integrada por ocho frentes de guerra y cerca de cuarenta subestructuras, que “otorga autonomía operativa y financiera a los mandos regionales” y que “ha demostrado ser una fuente de resiliencia frente a ofensivas estatales y frente a disputas con otros grupos armados”.
A ello se suma una “hibridación económica” basada en coca y minería ilegal, que “fortaleció su capacidad de financiamiento y le permitió sostener operaciones en regiones estratégicas” como el Catatumbo, el Pacífico y corredores binacionales.
Es así que el cierre de 2025 deja a un ELN fortalecido en lo territorial, lo militar y lo organizativo, en un escenario donde la política de “paz total” no logró frenar su expansión ni reducir su capacidad de control armado. Más que un repunte coyuntural, se ve a una organización que llega al final del año como uno de los actores centrales del actual ciclo de violencia en Colombia.
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