La decisión de Avianca de impedir el viaje del expresidente Gustavo Petro a Ciudad de México tiene una explicación jurídica que hasta ahora no se conocía en detalle.
El episodio fue revelado por el propio Petro durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa para el medio ruso RT.
Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
La compañía en su respuesta fechada 24 de agosto de 2026, dirigida a Petro, deja claro que la cancelación de su reserva no fue una decisión política ni una determinación interna de Avianca, sino el cumplimiento obligatorio de las normas estadounidenses sobre sanciones económicas.
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En la comunicación, firmada por el representante legal de Avianca, Renato Covelo, la aerolínea explica que está sujeta a las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La razón, según la empresa, es que Avianca mantiene operaciones permanentes en territorio estadounidense, realiza transacciones a través del sistema financiero de ese país —entre ellas, la venta de tiquetes— y cuenta además con activos y sociedades vinculadas en Estados Unidos.
En ese contexto, la aerolínea asegura que sus controles rutinarios de cumplimiento detectaron que el nombre de Gustavo Francisco Petro Urrego aparece en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) administrada por la OFAC.
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Para Avianca, esa circunstancia tiene una consecuencia concreta: la compañía no puede prestar servicios de transporte ni realizar transacciones en beneficio de una persona incluida en dicha lista.
La decisión afectó la reserva que tenía previsto llevar a Petro desde Bogotá hasta Ciudad de México el 30 de agosto de 2026, con regreso programado para el 2 de septiembre.
Esas reservas habían sido adquiridas por medio de una agencia de viajes ubicada en Ecuador. Avianca precisó que la medida únicamente afectó los tiquetes correspondientes al expresidente.
Las otras dos personas incluidas en la misma reserva, cuyas identidades no fueron reveladas por la aerolínea, no tuvieron una afectación directa y sus pasajes continuaron vigentes, salvo que ellas mismas decidieran cancelarlos.
Como los tiquetes habían sido pagados en efectivo, la aerolínea también informó que necesitaba los datos de una cuenta bancaria del titular de la reserva para gestionar, a través de la agencia ecuatoriana que intervino en la compra, el reembolso total del dinero.
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