Cien técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) avalaron la inversión de $16,5 billones de pesos en la compra de una flotilla de aviones de combate suecos Gripen Saab, para reemplazar a los antiguos Kfir que ya están en periodo de obsolescencia.
Ese es uno de los principales argumentos que expuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es respuesta a la apertura de una investigación previa en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en contra del presidente Gustavo Petro.
El jefe de Estado autorizó la compra el año pasado, con el propósito de obtener 17 aeronaves equipadas con sistemas de ataque y armamento, firmando uno de los contratos más cuantiosos de la historia del país.
Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos de diversos sectores, que consideran que puede haber un sobrecosto en los aparatos y que las gestiones para decantarse por la firma Saab tuvieron presuntos manejos irregulares.
“La Contraloría ya ha revisado (la documentación), y el mismo contralor ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad. La Procuraduría ha hecho las averiguaciones. Aquí lo único que ha habido es transparencia. Es una decisión que no es para un gobierno, sino para un país, por los próximos 40 años”, acotó Sánchez ante las preguntas de la prensa.
Y recalcó que “la decisión no la tomó el presidente de la República de X o Y avión, la tomó un grupo multidisciplinario de más de 100 expertos de la Fuerzas Aeroespacial, que trabajaron durante más de una década, que habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión”.
Agregó que dicha decisión se tomó con base “en las capacidades de superioridad aérea, de capacidad de ataque, de precisión, tecnología, sistemas logísticas, de armas a bordo, de garantías, de entrenamiento, todas esas variables”.
El proceso detrás de la compra de los Gripen
Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, desde 2011 la FAC le presentó al Gobierno un proyecto para reemplazar el escuadrón de aviones Kfir, que Colombia le había comprado de segunda a Israel en dos tandas, entre 1987 y 2009.
Luego de muchos análisis técnicos, logísticos, financieros y militares, la Institución sugirió cuatro opciones de aeronave: los F-16 de EE.UU., fabricados por la empresa Lockheed Martin; los Gripen, de la firma SAAB de Suecia; Eurofighter Typhoon, producidos por el consorcio de BAE Systems (Reino Unido), Airbus Group (Países Bajos) y Alenia Aeronautica (Italia); y los Rafale, de Dassault Aviation (Francia).
El gobierno de Juan Manuel Santos aplazó la compra durante sus ocho años de mandato (2010/18), prefiriendo contratar la repotenciación de las máquinas.
A su turno, el presidente Iván Duque (2018/22) llegó a tener conversaciones muy adelantadas para adquirir los F-16 de EE.UU., pero la pandemia de la covid-19 apretó los gastos del Estado y se priorizaron otros programas.
Aun así, logró que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobara una partida de 678 millones de dólares en inversión militar (Documento Conpes N°4078), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Con ese dinero, le correspondía al gobierno de Gustavo Petro hacer la compra. Su idea inicial era adquirir una flota de 16 cazas Rafale, que luego rebajó a cuatro, lo que obligaba a Dassault Aviation a modificar las condiciones de su oferta, no solo en lo relativo a precios, sino a los aditamientos y programas offset que vienen con esa venta: software de aviónica, radares, entrenamiento y demás.
En el estudio de esas modificaciones contractuales, las partes dejaron vencer el tiempo para aplicar el Conpes y esa plata se la llevó el viento.
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