El expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) fue interceptado por uniformados que, al verificar su documentación, hallaron una orden de captura vigente y dictada por el Juez Quinto Penal Especializado de Bogotá.
“En desarrollo de procedimientos de control y registro realizados en el municipio de Ponedera, uniformados de la Policía Nacional verificaron los antecedentes del ciudadano Jorge Visbal Martelo, evidenciando una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, por el delito de concierto para delinquir agravado”, explicó la Policía Nacional.
Este arresto materializó la condena de 9 años de prisión que pesaba sobre el exdirigente gremial por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. La sentencia quedó en firme tras un prolongado proceso judicial donde se determinó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.
La Corte Suprema de Justicia ratificó el pasado mes de agosto que Visbal Martelo utilizó su posición para colaborar activamente con las estructuras de las Autodefensas. El fallo judicial fue contundente al señalar que el exlíder de Fedegán se apartó de sus responsabilidades como miembro de la Comisión Nacional de Paz para desempeñar un rol distinto.
Según el alto tribunal, Visbal se convirtió en un “asesor de alto nivel” de Carlos Castaño y los grupos paramilitares. Las pruebas indican que su participación llegó al punto de “sugerirles el traslado y movimiento de tropas por conveniencia a distintas zonas”, actuando en beneficio de los intereses de dicha organización ilegal.
Testimonios y expulsión de la JEP
La condena se fundamentó en declaraciones de exjefes paramilitares como Diego Fernando Murillo, conocido como ‘Don Berna’, y Salvatore Mancuso. Ambos excomandantes dieron fe de las reuniones sostenidas entre el expresidente de Fedegán y Carlos Castaño, máximo líder de las AUC.
Antes de esta captura, ocurrida el 6 de enero, Visbal Martelo buscó refugio jurídico en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque fue admitido inicialmente con el compromiso de aportar verdad sobre el conflicto, el tribunal decidió expulsarlo y devolver su caso a la justicia ordinaria.
La JEP argumentó que el procesado mantuvo una actitud evasiva frente a sus obligaciones, lo que permitió que la Corte Suprema dejara la condena en firme. Tras hacerse efectiva la captura, se conoció que el exdirigente intentó frenar el proceso mediante una acción de tutela que buscaba tumbar la sentencia.