La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos elementos de la investigación contra el coronel activo del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, capturado el 20 de agosto de 2026 en el Cantón Norte de Bogotá, al señalar que presuntamente recibió dinero de organizaciones armadas ilegales a cambio de entregar información reservada y favorecer sus actividades en Arauca y Nariño.
De acuerdo con el ente acusador, el oficial habría recibido $15 millones en 2020 para reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauquita y, posteriormente, $30 millones semanales entre enero y junio de 2026 de la Segunda Marquetalia para retardar u omitir actuaciones relacionadas con sus funciones y alertar sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
La captura se produjo mediante una orden judicial y una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el Cantón Norte. En el procedimiento participaron funcionarios de la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación, integrantes del Ejército Nacional y personal del Gaula Militar Arauca.
Pérez Amorocho fue trasladado desde Tumaco a Bogotá después de que labores de contrainteligencia identificaran información sobre sus posibles contactos con integrantes de grupos armados ilegales. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso.
Los nuevos señalamientos de la Fiscalía
La investigación establece dos momentos principales en los que, según la hipótesis del ente acusador, el coronel habría tenido acuerdos con estructuras armadas:
1. 2020: durante su permanencia en Arauca, donde estuvo relacionado con unidades militares desplegadas en ese departamento, entre ellas el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 29, la Fiscalía investiga un supuesto acuerdo con el Frente de Guerra Oriental del ELN.
2. Enero-junio de 2026: cuando ejercía como comandante de una unidad de despliegue rápido con jurisdicción en Nariño, el oficial habría establecido, según la Fiscalía, una relación con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, los acuerdos habrían tenido como propósito suministrar información relacionada con operaciones militares y omitir o retrasar actuaciones propias de sus funciones. Las autoridades también investigan si desde sus cargos de mando pudo favorecer actividades relacionadas con narcotráfico, armas, municiones y otros delitos.
El supuesto pago de $15 millones en Arauca
Uno de los hechos que hacen parte de la investigación se remonta a 2020, cuando Pérez Amorocho tenía responsabilidades militares en Arauca.
La Fiscalía sostiene que el oficial habría recibido $15 millones a cambio de reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN en el sector de Arauquita, Arauca.
El caso también busca determinar si durante ese periodo fueron entregados datos sobre operaciones militares, movimientos de tropas u otra información reservada a integrantes de la organización armada.
El expediente registra además que en 2015, cuando tenía el grado de mayor, Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante del Batallón de Combate Terrestre N.º 157. Posteriormente, estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 29, desplegado en Arauca y vinculado a operaciones de la Fuerza de Tarea Quirón.
Fiscalía señala pagos semanales de $30 millones en 2026
La información más reciente incorporada al proceso corresponde a la presunta relación del coronel con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia durante 2026.
Según la Fiscalía, entre enero y junio de 2026, Pérez Amorocho habría recibido para sí mismo $30 millones semanales de esa estructura armada.
A cambio de esos pagos, presuntamente debía “retardar u omitir actuaciones relacionadas con las funciones” que tenía como comandante.
La hipótesis de los investigadores indica que el objetivo era mantener informada a la organización sobre los movimientos de la Fuerza Pública. Esas alertas, de acuerdo con la Fiscalía, habrían permitido al grupo movilizar estupefacientes, armas, municiones y dinero.
El ente acusador sostiene que el coronel habría pasado de un supuesto acuerdo con el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca a otro con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia en Nariño.
El paso del oficial por Nariño
Entre 2024 y 2025, Pérez Amorocho ocupó cargos de mando en Nariño, entre ellos la jefatura de Estado Mayor de la Brigada 23 y el comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2.
Durante ese periodo informó sobre operaciones militares contra organizaciones armadas, entre ellas el desmantelamiento de un centro de armas y explosivos atribuido a la Segunda Marquetalia y un operativo realizado en Policarpa contra integrantes de la estructura Franco Benavides, vinculada a las disidencias de alias Iván Mordisco.
Su acceso a información operacional forma parte de los elementos analizados por los investigadores para establecer si datos sobre operaciones, despliegues y movimientos de la Fuerza Pública fueron entregados a organizaciones ilegales.
La Fiscalía también busca determinar qué personas habrían participado en los presuntos acuerdos y si existieron otros funcionarios, militares, intermediarios o integrantes de grupos armados involucrados.
Fiscalía señala dos organizaciones y diferentes periodos
En la exposición realizada dentro del proceso, la Fiscalía sostuvo que el coronel presuntamente se habría concertado primero con el Frente de Guerra Oriental del ELN, durante 2020 en Arauca, y posteriormente con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, durante 2026 en Nariño.
Según el ente acusador, esta última estructura estaría relacionada con actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, utilización de armamento de uso privativo y homicidios selectivos, entre otros delitos.
La investigación deberá determinar si las actuaciones atribuidas al oficial tuvieron relación con esas actividades y cuál habría sido el alcance de la información presuntamente suministrada.
Los delitos por los que es investigado
Según la orden judicial, Pérez Amorocho es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico, fabricación o porte de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
La Fiscalía tendrá que presentar ante la justicia los elementos materiales probatorios que sustentan sus señalamientos y precisar las conductas que atribuye al oficial.
El proceso deberá establecer, entre otros aspectos, si los pagos mencionados ocurrieron, qué información habría sido entregada, qué actuaciones presuntamente fueron retardadas u omitidas y qué personas habrían participado en los supuestos acuerdos.
Ejército confirmó la captura y reiteró el debido proceso
El Ejército Nacional confirmó que el detenido es un oficial superior activo y señaló que la diligencia fue realizada en Bogotá por orden de la Fiscalía General de la Nación.
“En cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la captura de un oficial superior activo del Ejército Nacional”, informó la institución.
La Fuerza indicó que facilitó el procedimiento adelantado por las autoridades judiciales y que acompañará las actuaciones derivadas de la investigación.
“La Institución brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia, reiterando su compromiso con las autoridades competentes y respetando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, agregó.
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Qué sigue en el proceso contra Carlos Didier Pérez
Después de la captura, Pérez Amorocho deberá comparecer ante un juez en las audiencias correspondientes. La Fiscalía deberá exponer los elementos que sustentan la investigación y precisar las conductas que atribuye al oficial.
El proceso también deberá establecer si existen otros militares, intermediarios o integrantes de organizaciones armadas vinculados con los hechos investigados.
Los nuevos señalamientos de la Fiscalía amplían la información conocida tras la captura del 20 de agosto y ponen el foco en los presuntos pagos de $30 millones semanales durante el primer semestre de 2026, además del supuesto pago de $15 millones en 2020 relacionado con el ELN.
La captura y los señalamientos de la Fiscalía no constituyen una condena. Carlos Didier Pérez Amorocho mantiene la presunción de inocencia mientras la justicia determina su eventual responsabilidad y define su situación jurídica.
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