Colombia encabeza una lista preocupante: según el reporte de 2025 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, nuestro país se mantiene como el principal productor mundial de cocaína. Una estadística compleja, porque si bien aumentó la incautación de cocaína, también lo hizo la extensión y producción de los cocales.
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En el marco de la Cumbre 70 años de la Cámara de Comercio Colombo Americano, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, John McNamara, lanzó severas afirmaciones sobre la posible decertificación de Colombia.
“La elección del presidente Donald Trump está trayendo, como él lo prometió durante su campaña, cambios en el enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el comercio, la migración y la seguridad fronteriza”, inició diciendo el embajador, y añadió “el cambio en la política de Estados Unidos está guiado por la premisa ‘América primero’, que tiene como objetivo que nuestra nación sea más segura, fuerte y próspera”.
Su intervención continuó con detalles sobre la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia, reconociendo retos, pero también resaltando que ambos países son aliados clave en aquel ámbito. Sin embargo, al referirse a la lucha contra el narcotráfico, las palabras del embajador fueron más estrictas.
Y es que, en los próximos meses, Colombia sabrá si va a obtener la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Algo que no es menor, puesto que de aquella certificación depende el apoyo financiero que el país norteamericano le dará al Gobierno colombiano para afrontar esta problemática.
“La decisión de certificar o no certificar de nuestro señor presidente (Donald Trump), se basará en gran medida en los resultados que los líderes políticos y de las fuerzas de seguridad colombianas pueden demostrar en el próximo mes”, afirmó McNamara.
Además, añadió que aquellos resultados no deben ser “los esperados” o “los del futuro”, sino los actuales. Es decir, verán las estadísticas, no los planes de trabajo.
“Con todo respeto, ya no es el tiempo para hablar aún más sobre los resultados esperados. Es el tiempo de lograr resultados. La certificación es una decisión técnica, no política”, aseguró el embajador.
Sus palabras se posan en un panorama político tenso, en el que el jefe de Estado colombiano ha demostrado desarticulación con su gabinete. En este caso, mientras el presidente Petro insiste en mantener la erradicación manual y sus planes de erradicación no incluyen la utilización de este herbicida, Iván Velásquez, quien hasta hace poco fue la cabeza del ministerio de Defensa, firmó planes de fumigación con glifosato en el país.
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“Así erradicamos el narcotráfico de Colombia. Con el apoyo voluntario del campesinado sustituyendo los cultivos de hoja de coca. Aquí campesinos de Renacer Catatumbo. Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer”, dijo el presidente el 10 de abril, por medio de su cuenta de X.
Ese mismo día, EL COLOMBIANO accedió a la documentación del Ministerio de Defensa en la que, con la firma de Velásquez, se autorizaba que la Policía Antinarcóticos adelantara un proceso contractual por $7.700 millones para la ejecución del proyecto que incluye la compra de glifosato.
Las 76 páginas del documento incluían estudios previos, y detallaban que esos recursos irán destinados a la adquisición de 128 canecas de 200 litros del plaguicida y 695 bidones (recipientes) de 20 litros. El herbicida sería distribuido en comandos, batallones, brigadas y aeropuertos de municipios de Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.
La relación entre Estados Unidos y Colombia también ha estado tensa en relación con los acuerdos de erradicación de cultivos debido a diferencias en las visiones de ambos países.
Por un lado, la canciller Sarabia ratificó ante la ONU el deseo de Colombia de legalizar la hoja de coca. “La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, aseguró.
Y aunque la funcionaria hace énfasis en que legalizar la hoja de coca no implica legalizar la cocaína, la propuesta no ha sido del todo bien recibida.
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Otro incidente fue el ocurrido el 5 de abril. Días antes de que se conocieran los contratos para adquirir glifosato, el Gobierno Nacional tuvo un desacuerdo con Kristi Noem, secretaria de seguridad de Estados Unidos, quien aseguró en un programa de entrevistas norteamericano que su reunión junto al presidente Petro y la canciller Sarabia no había salido bien.
Según la funcionaria estadounidense, el jefe de Estado le habría dicho que algunos integrantes del Tren de Aragua son sus “amigos”. Ella aseguró que su respuesta fue: “escucha, nunca legalizaremos las drogas en nuestro país. Si los miembros del cártel son tus amigos, los mataremos”.
El presidente Petro rechazó las acusaciones, y aseguró que dijo que, para él, la violencia generada por el Tren de Aragua no es terrorismo, sino “una violencia de la juventud excluida”.
También reconoció que podría haber sido un error de traducción. “Se puede solucionar fácil y le dije a Noem eso: ‘Quite la exclusión’. Eso le dije: ‘Al tratarlos con amor’. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo”, aseguró Petro.
A pesar del tenso contexto, el embajador McNamara también envió un mensaje conciliador: “tenemos diferentes ideas sobre la mejor manera de lograrlo (erradicar el narcotráfico), lo que buscamos es que Colombia otra vez, el país amigo, muestre resultados en la reducción de los cultivos de coca. Obviamente, con el incremento de ese cultivo hay más producción de la misma cocaína, que es un flagelo para el pueblo estadounidense y el mundo”.
La respuesta de Colombia
En respuesta a las declaraciones de McNamara, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, defendió con convicción los esfuerzos del país: “no hay país en el mundo que luche más contra el contrabando y contra el narcotráfico como lo hace Colombia”.
Y añadió: “yo soy convencido de que cuando escuchen y cuando vean los resultados, Colombia merece ser certificado (...) No solamente las incautaciones de la cocaína que va a Estados Unidos, sino en el mundo. Pero no quiero ser ni triunfalista ni adelantarme en los hechos y por eso hay que hacer la tarea que estamos haciendo”.
Sus declaraciones van en línea con lo expresado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a inicios de abril, cuando aseguró que desde el Gobierno buscan que para agosto existan 30.000 hectáreas erradicadas para completar 50.000 hectáreas de coca erradicadas en 2025. “Con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos”, aseguró Benedetti.
El anuncio de la certificación o desertificación del país suele llegar en septiembre. En caso de que Colombia no cumpla los requisitos las consecuencias serían:
1. Suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior otorgada por EE.UU.
2. Oposición de EE.UU. a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
3. Suspensión de la mayoría de las formas de asistencia exterior, con excepciones para la ayuda humanitaria y los programas antinarcóticos, de acuerdo con los lineamientos de la DEA.
Departamento de Estado de EE. UU. recomienda no viajar a Colombia
