Mensajes de WhatsApp conocidos por El Tiempo revelarían presuntas presiones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio de operativos adelantados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos varios jefes criminales de Medellín.
Según el diario, uno de los mensajes, enviado en febrero pasado, cuestiona un megaoperativo antiextorsión en ese centro penitenciario y advierte que dicha acción podría poner en riesgo el proceso de diálogo sociojurídico que adelanta el Gobierno con estructuras criminales del Valle de Aburrá. En los chats, Zuleta habría reclamado a la ministra por permitir un procedimiento en el penal justo después de que el presidente Gustavo Petro destacara avances de la denominada ‘paz total’.
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El Tiempo señaló que estos y otros episodios hacen parte de una serie de presuntas interferencias de congresistas cercanos al Gobierno y de altos funcionarios del Ejecutivo en decisiones propias del Ministerio de Justicia y del sistema penitenciario. Estas tensiones, según fuentes consultadas por el medio, habrían influido en la salida de Buitrago del cargo, el pasado 15 de mayo.
De acuerdo con la investigación periodística, Zuleta —quien actúa como delegada del Gobierno en la mesa de diálogo de la cárcel de Itagüí— habría intervenido en solicitudes de traslados, bloqueos de operativos judiciales y flexibilización de controles carcelarios, lo que, según oficiales de la Fuerza Pública y exfuncionarios citados por el diario terminó beneficiando a reconocidos capos criminales.
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Solicitudes de traslados carcelarios
Uno de los casos mencionados es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico cabecilla de la Oficina de Envigado. El Tiempo reveló que la senadora solicitó su traslado permanente a Itagüí para participar en los acercamientos de paz, pese a que el capo se encontraba recluido en La Picota. La exministra Buitrago se habría opuesto inicialmente por razones de seguridad, pero la presión política derivó en un traslado que terminó siendo definitivo.
Fuentes oficiales citadas por el diario aseguraron que, tras la intervención de la congresista, varios jefes criminales recluidos en Itagüí habrían accedido a beneficios como visitas adicionales, televisores en celdas y uso controlado de dispositivos electrónicos, aunque solicitudes más sensibles, como el uso de celulares, no prosperaron.
Las actuaciones de la senadora Zuleta son hoy objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, que evalúan si estas se ajustaron al mandato otorgado por el Gobierno o si podrían configurar un favorecimiento indebido a organizaciones criminales. La congresista ha sostenido que las denuncias en su contra responden a ataques de opositores a la política de ‘Paz total’.
El Tiempo informó que intentó obtener una respuesta de Zuleta, pero al cierre de la publicación no recibió comentarios.
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