Se iban a distribuir “80 millones de dólares en sobornos... por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno”. Esa fue la afirmación del presidente Gustavo Petro el 6 de junio del 2023, tras la apertura de una investigación penal en Italia por presunta corrupción en el intento de compraventa de equipo militar a Colombia por 4.000 millones de euros: aviones M-346, corbetas, pequeños submarinos y el equipamiento de astillero durante el gobierno de Iván Duque.
El principal señalado era el exprimer ministro italiano Massimo D´Alema. Quizá Petro olvidó en ese momento – y luego se lo recordarían – que D´Alema no solo era antiguo militante comunista, sino que 7 años atrás publicó una foto sonriente y abrazado con D´Alema en México recibiendo ambos una condecoración. Y otra en enero del mismo año hablando de los “caminos del progresismo”.
En ese 2023, la Fiscalía de Nápoles anunció que D’Alema y Alessandro Profumo eran los investigados. Profumo era el CEO de Leonardo SpA, una multinacional italiana aeroespacial, de defensa y seguridad.
Decía la Fiscalía que D´Alema era una especie de relacionista internacional para el negocio, y se habría conectado en Colombia –según audios– con Edgar Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, un peligroso antiguo jefe paramilitar; y con dos delegados del senado colombiano, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, al igual que con alias Tolemaida, otro ex paramilitar.
También se mencionó a la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez pero, finalmente, su nombre fue excluido al no encontrar ninguna relación con los hechos.
Diego Molano, para la época Ministro de Defensa, dijo que el “gobierno Duque alertó al viceministerio de Defensa italiano de sospechas de un privado negociando por fuera de la institucionalidad”.
De lograr el negocio, decía la investigación, los implicados prometieron a otras personas un soborno o “comisión total” de 80 millones de euros.
Las dos compañías, con participación pública, Leonardo y Fincantieri pagarían una comisión de éxito “del 2% del valor total del acuerdo (cuatro mil millones de euros) a la firma estadounidense Robert Allen Law (RAL) por su intermediación”.
En el mismo mensaje de junio de 2023, Petro le pedía a la Fiscalía colombiana que se investigara el tema. Solo en mayo 2024 llegó una petición o carta rogatoria de Italia al búnker en Bogotá, cuando ya ejercía Luz Adriana Camargo.
El archivo de la investigación
Este diario preguntó a la oficina de prensa de la Fiscalía sobre el caso y hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Lo grave no es eso; es que la Fiscalía de Nápoles acaba de archivar el caso alegando, como principal razón, que nunca recibió respuesta de las autoridades colombianas.
Giorgio Mulé, periodista y parlamentario de la Cámara de Diputados de Italia, confirmó desde Roma que finalmente no hubo juicio para este caso, “y esto se debe a que, a pesar de que la opinión pública había deducido con absoluta certeza la existencia de acuerdos corruptos, no hubo colaboración alguna por parte de Colombia”.
Giacomo Amadori, el periodista italiano que más ha seguido el caso, en la revista La Veritá, dijo que “fue archivado porque Colombia no respondió al rogatorio”, y tituló en su medio: “La comisión millonaria se ha esfumado, pero el exprimer ministro escapa; Colombia salvó a D´Alema”, “La corrupción existe, pero está archivada”.
El documento de archivo, de 4 páginas, firmado por Rosaria Maria Aufieri, Jueza de Investigaciones Preliminares, dice que la negociación fracasó oficialmente el 16 de febrero de 2022 debido a problemas relacionados con la distribución de la comisión entre las partes colombianas. Los fiscales le solicitaron el archivo, destacando la existencia de una negociación corruptiva en fase avanzada que se interrumpió antes de la formalización del acuerdo. La falta de respuesta de Colombia a las solicitudes de asistencia judicial impidió obtener las pruebas necesarias para una posible condena.
Señala el documento que las negociaciones entre la “parte italiana” y la “parte colombiana”, prosiguieron entre octubre de 2021 y febrero de 2022, “involucrando a varios altos funcionarios, políticos y altos oficiales militares colombianos, y los máximos representantes de las sociedades interesadas, y culminaban en una conversación telefónica mantenida entre Massimo D’Alema y Edgar Fierro Flórez”.
A juicio de Amadori, el ex primer ministro podría haber sido salvado por la Internacional Socialista o, quizás, por la red diplomática paralela que, como ex primer ministro, construyó durante varios años.
La Fiscalía de Nápoles dijo que había “extrema certeza de la negociación subyacente a los acuerdos corruptos”, y Giacomo señaló que los fiscales “se rindieron ante la falta de respuesta de Bogotá a las cartas rogatorias internacionales y a la ley Cartabia” (norma reciente que prácticamente obliga a los fiscales a tener certeza absoluta de que los acusados serán condenados si los llevan a juicio).
