La crisis en el acceso a medicamentos en Colombia sigue golpeando a miles de pacientes que dependen del sistema de salud público. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que los usuarios están asumiendo con su propio dinero el costo de medicamentos esenciales que las entidades prestadoras de salud (EPS) no entregan a tiempo, llegando en algunos casos a gastar hasta el 90% de sus ingresos mensuales.
El estudio determinó el impacto económico de la falta de entrega oportuna de seis medicamentos clave: Metformina, Valsartán e Insulina Glargina —usados en tratamientos para la diabetes y la hipertensión—, además de fármacos esenciales en salud mental y neurológica, como la Quetiapina y el Ácido Valproico, y en salud materna, como el Ácido Fólico.
Según los cálculos de la Defensoría, basados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, el costo del tratamiento mensual de estos medicamentos puede representar entre un 7% y un 90% de los ingresos de una persona, dependiendo de su nivel económico.
Este gasto, advierte el informe, “afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna”.
A septiembre de 2025, la Defensoría registraba 584 medicamentos diferentes que no estaban siendo entregados por el sistema. De los 1.798 casos verificados, el 48% sigue sin resolverse.
Ante esta situación, el 61% de los encuestados manifestó haber tenido que comprar los medicamentos por su cuenta, lo que evidencia una carga económica crítica que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y en comunidades étnicas.
Entre los medicamentos más reportados como no entregados aparecen la Metformina —utilizada para tratar la diabetes tipo 2—, seguida del Valsartán y el Losartán. Solo los diez fármacos con más reportes concentran una cuarta parte de todos los casos registrados.
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“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
La entidad también identificó los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más graves: Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia encabezan la lista de regiones más afectadas. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
El informe concluye que esta afectación generalizada en el acceso a medicamentos “evidencia un deterioro progresivo en la garantía de este derecho fundamental”.
La Defensoría instó al Estado a garantizar mecanismos efectivos para la entrega oportuna y equitativa de los tratamientos, pues se ha evidenciado que “los usuarios corren el riesgo de ver afectada su calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo su vida debido a la falta de atención o entrega de medicamentos”.
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