Aunque América Latina cuenta con más de 200 leyes para reconocer y sancionar las violencias basadas en género (VBG), la realidad demuestra que la normativa no se traduce en protección efectiva para mujeres, niñas y adolescentes.
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Un análisis reciente del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) advierte que el problema no radica únicamente en la falta de aplicación de las leyes, sino en estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia.
Lastimosamente, Colombia es el líder en uno de ellos: la violencia sexual contra mujeres menores de edad.
Entre 2018 y 2022, la Convención recopiló datos de 16 países de la región, revelando un panorama alarmante. En esos cinco años se reportaron 800.000 casos de agresiones sexuales: una cada tres minutos.
La violencia no discriminó por edad: al menos 488.000 niñas y adolescentes fueron víctimas. Colombia, Chile y Perú fueron los países con mayor número de denuncias. Colombia registró más de 199.000 casos; mientras que Chile registró más de 152.000 y Perú más de 95.000.
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El informe también expone otras formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las niñas. Más de un millón quedaron embarazadas, lo que equivale a un embarazo cada dos minutos, y más de 24.000 ingresaron anualmente en uniones tempranas forzadas, con un promedio de 70 matrimonios infantiles diarios en la región.
Aún hoy, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay mantienen excepciones legales que permiten el matrimonio infantil, una práctica que abre la puerta a abusos y vulnera derechos fundamentales. En Colombia, la prohibición se hizo ley apenas en 2024.
La situación se agrava por la falta de acceso a educación sexual integral, anticoncepción y aborto legal, lo que obliga a muchas niñas a ser madres en contextos de violencia y pobreza.
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Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han advertido sobre el impacto de estas prácticas, que generan deserción escolar, pérdida de autonomía y mayores riesgos para la salud física y mental.
El informe también visibiliza la situación de dos millones de mujeres con discapacidad, víctimas de violencia física, psicológica o sexual, un grupo que enfrenta aún más barreras para acceder a justicia y atención adecuada.
La paradoja es evidente: pese a ser una de las regiones pioneras en tipificar las violencias de género, América Latina está lejos de garantizar justicia y, mucho más aún, de erradicarlas.
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