Un juzgado de Barranquilla concedió la libertad condicional al contratista Emilio Tapia Aldana, tras haber cumplido 48 meses y 10 días de prisión.
“La evaluación de arraigo familiar y social del señor Emilio Tapia Aldana demuestra que cuenta con una estructura de apoyo robusta que favorece su reintegración a la sociedad”, indica el fallo.
Tapia, protagonista de múltiples escándalos de corrupción, permanecía recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde cumple una condena de seis años y ocho meses por su participación en el escándalo de Centros Poblados.
El beneficio fue otorgado por un periodo de prueba de 27 meses y 20 días, equivalente al tiempo restante para cumplir la totalidad de la pena impuesta. Sin embargo, la Procuraduría considera que Tapia debe permanecer en prisión, por lo que decidió apelar la decisión judicial.
Para el órgano de control, primero debe probarse que “el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permite suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena”.
Asimismo, el Ministerio Público pidió al juez revisar si el contratista cumplió con la reparación que le haya sido impuesta en el preacuerdo con la Fiscalía.
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“Se le sugiere al juez del conocimiento indagar si la Contraloría, o en su defecto el Ministerio de las TIC —o ambas entidades—, iniciaron incidente de reparación; la Contraloría General de la República, en defensa de los recursos públicos, y el Ministerio de las TIC, como víctima, ya que tratándose de delitos contra la administración pública, es de obligatorio proceder”, se lee en la apelación.
Negociación con la Fiscalía
El empresario Emilio Tapia fue vinculado al escándalo conocido como Centros Poblados, un contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet gratuito a zonas rurales del país en 2020, que se convirtió en uno de los grandes escándalos del Gobierno de Iván Duque.
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Según la Fiscalía, Tapia creó una unión temporal utilizando información falsa, con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos en la contratación estatal. De esta manera, logró que el millonario contrato para llevar conectividad a zonas rurales fuera adjudicado a su grupo. Tapia estuvo al frente de una póliza bancaria falsa a nombre del Banco Itaú con la que se ganaron la adjudicación de un contrato por un billón de pesos y un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Una vez estalló el escándalo, el contratista acordó con la Fiscalía aceptar los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal, y ser testigo contra otros implicados a cambio de una rebaja en su pena.
Además, se comprometió a devolver $5.000 millones, de los cuales ya ha entregado la mitad. “Los otros $2.500 millones serán reintegrados a través de bienes ubicados en Girardot (Cundinamarca) y en zona rural de Medellín”, afirmó durante la audiencia de legalización de su preacuerdo con la justicia.
