Luego de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a San Andrés, el foco quedó puesto en el archipiélago. Y este martes la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de $3.000 millones en un proyecto para recuperar los arrecifes coralinos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afectados por una enfermedad.
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El anuncio lo hizo el contralor general, Jorge Laverde, quien explicó que la actuación está relacionada con un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta), financiado con recursos del Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
“Desde la Contraloría General de la República investigamos las posibles responsabilidades en el manejo de estos recursos públicos destinados a proteger el patrimonio natural del archipiélago”, señaló Laverde.
Según el organismo de control, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales “varios servidores y exservidores públicos” que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del contrato. También fue incluido el representante legal de la entidad contratista que participó en el desarrollo del proyecto.
Este proceso no es nuevo. En marzo de este año la Contraloría ya había emitido un informe en el que identificaba irregularidades en ese contrato. Señaló, por ejemplo, deficiencias en los estudios previos, falta de especificaciones técnicas y falencias en la definición de los requerimientos para ejecutar las actividades previstas.
Según el informe, estas fallas generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del contrato y dificultaron la trazabilidad del valor estimado. Como ejemplo, señala que, aunque se incluyeron costos por el uso de lanchas y la operación logística, no se precisó cuántas embarcaciones se necesitaban ni cómo debía organizarse la logística para cumplir los objetivos del proyecto.
Dentro de los gastos no contemplados en la ejecución del contrato aparece incluso un viaje y viáticos desde Bahamas. Y todo esto generó alerta de la Contraloría.
Además, no se precisaron las cantidades de insumos y materiales requeridos. Para el ente de control, estas falencias afectaron la ejecución del contrato y la transparencia en el manejo de los recursos comprometidos.
A esto se suma que la auditoría identificó actividades que no se ejecutaron, pero que sí se habrían pagado. Entre los casos señalados está la contratación de biólogos, cuya vinculación correspondía al contratista, pero que finalmente fueron contratados por la propia corporación ambiental. Según el informe, esta situación generó inconsistencias.
La contratación en San Andrés, bajo la lupa
El anuncio de la Contraloría se conoce en medio de los cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella sobre la contratación en San Andrés y las actuaciones de las autoridades departamentales y de Coralina.
Y es que cuando el presidente “encaró” a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz, el mandatario hizo señalamientos sobre los contratos de la Gobernación y de la corporación ambiental.
En particular, se refirió a los negocios de Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante liberal, quien, según dijo el mandatario, participa en el sector de la construcción a través de las empresas Josef Concretes Ltda., Agregados NVP S. A. S. y Efficient Buildings S. A. S.
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“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, sostuvo De la Espriella, quien aseguró tener información sobre lo que ocurre en el departamento y advirtió que no permitirá que los recursos enviados por el Gobierno nacional terminen en manos de particulares.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué la Contraloría investiga un proyecto de arrecifes coralinos en San Andrés?
- La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a $3.000 millones en un proyecto para recuperar arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
- ¿Qué entidades participaron en el contrato investigado en San Andrés?
- El contrato fue celebrado entre Coralina, la corporación ambiental del archipiélago, y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). Los recursos provenían del Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
- ¿Qué investiga la Contraloría en el proyecto de recuperación de corales?
- El organismo busca establecer si se produjo un daño al patrimonio público y determinar quiénes podrían tener responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos destinados a la recuperación de los arrecifes coralinos.
