Laura Sarabia, canciller de Colombia, firmará una urgencia manifiesta para permitir que la empresa Thomas Greg & Sons extienda por al menos once meses más las labores del contrato para la elaboración y expedición de los pasaportes.
La decisión de la Cancillería ocurre porque, según afirmó la propia ministra, todavía no están dadas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permita dar entrada al acuerdo de operación con Portugal.
El contrato de Thomas Greg iba hasta el próximo 31 de agosto y, con esta extensión, podrán continuar en la operación hasta julio del próximo año.
Con el Gobierno de Portugal, por su parte, se empezarán a alistar los detalles finales para cerrar un contrato por 3,2 billones de pesos que iría hasta 2023. Entre los dos países solo había, hasta ahora un memorando de entendimiento no vinculante.
Previa a esta decisión, la canciller Sarabia chocó con su antecesor, Luis Gilberto Murillo -ahora precandidato presidencial-. Según la canciller, Murillo no dejó estructurado un plan para los pasaportes antes de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El excanciller aseguró que había dejado listo un acuerdo con Portugal por 35 millones de euros y que eso le iba a permitir a la Imprenta Nacional asumir la producción a partir de septiembre.
“Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes”, respondió Sarabia.
La intención del presidente Gustavo Petro, inicialmente, era sacar de la ecuación a Thomas Greg, empresa que desde hace 17 años tenía la contratación para la expedición de este documento. El entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la millonaria licitación y eso le valió la destitución por parte de la Procuraduría.
Desde entonces el Gobierno ha tenido que invocar la urgencia manifiesta para extender las responsabilidades de Thomas Greg & Sons. La última vez fue en septiembre del año pasado cuando el entonces canciller Murillo extendió la operación de la empresa hasta agosto de este año.