En los últimos días, la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha registrado avances significativos. Uno de los más recientes fue la imputación de cargos a María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, Benavides habría recibido instrucciones para avalar proyectos contractuales promovidos por congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes tenían intereses indebidos en ellos. A cambio, estos legisladores habrían ofrecido su respaldo y voto favorable a las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso en julio de ese mismo año.
Los senadores y representantes relacionaron contratos de obra en Cotorra (Córdoba), por valor de 44.552 millones de pesos; Saravena (Arauca), por 32.500 millones de pesos; y en el corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar (Bolívar), por 12.353 millones de pesos
En concreto, el ente acusador sostiene que Benavides Soto, quien trabajó de cerca con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos. Ello presuntamente por orden del propio ministro.
Los legisladores presuntamente beneficiados fueron Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes promovieron conceptos favorables para operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de contratos gestionados por la UNGRD.
Incluso la Fiscalía explicó que Benavides sostuvo varias reuniones con el exministro Ricardo Bonilla, algunas de ellas, con el también exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las que los altos funcionarios del gobierno supieron del avance de la firma de los negocios exigidos por los congresistas y del interés indebido en esos contratos de todos los mencionados.
Benavides Soto se desempeñó como asesora técnica del Viceministerio General del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024. Salió del cargo tras revelarse posibles irregularidades en la gestión de recursos asignados a la UNGRD.
La Fiscalía le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, del cual se declaró inocente.
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