A través de un auto firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte le dio la última prórroga al presidente de la Cámara, Julián David López, buscando que entregue las actas de los días 27 y 28 de junio. Lo anterior, luego de que el propio congresista pidió más plazos para allegar los documentos.
La solicitud fue enviada el pasado 12 de septiembre en una carta dirigida a Andrea Liliana Romero López, secretaria general del alto tribunal. En la misiva, López argumentó que se requiere más plazo debido al “alto volumen de la información” que debe compilarse para cumplir con el requerimiento.
Las actas son claves en tanto la Corte fue enfática en señalar que sin los documentos completos no habrá decisión de fondo alrededor de si fue legal o no el trámite de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del Gobierno Petro.
¿Qué riesgos enfrenta el Gobierno Petro si no se entregan las actas?
Ibáñez advirtió que la falta de estos documentos “impide a esta Corte contar con un acervo probatorio completo y fidedigno”.
Fue a finales de junio, durante sesiones extraordinarias, en las que la Cámara adelantó la subsanación del trámite de la reforma pensional por orden del propio tribunal. Lo anterior, ante la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático), que reclamó que durante el trámite del proyecto presuntamente se eludió su trámite en la plenaria de la cámara baja.
La Corte busca establecer si hubo una certificación formal en la que se indique, “de manera clara y expresa”, si las actas de las sesiones plenarias extraordinarias fueron aprobadas o no por la Cámara; la fecha en que se adoptó la decisión; el número de votos exigidos para su aprobación y el número de votos efectivamente obtenidos, e informar si alguna de las actas permanece pendiente de aprobación.
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Además, una copia de los órdenes del día en los que se haya incluido como punto específico de discusión y eventual votación la aprobación de las actas. Lo anterior, atendiendo también una acción pública de inconstitucionalidad presentada por la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).
Según la congresista, en el Acta 256 –que data de la sesión del 27 de junio, en la que se anunció el proyecto–, solo había 77 representantes en la plenaria, un “número insuficiente para conformar quorum decisorio”. Por otro lado, frente al Acta 257 Miranda alegó que hubo constancias de varios congresistas en la que advierten que no pudieron votar, por lo que “no podían ser contabilizados como participantes de las votaciones allí consignadas”.
¿Qué establece la Ley 2381 de 2024?
Aunque han pasado casi tres meses desde el primer requerimiento, la Cámara no ha entregado los documentos. Este retraso mantiene en el limbo la revisión de la Ley 2381 de 2024, que creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
La Corte encontró un vicio de procedimiento y ordenó a la corporación subsanarlo, lo que derivó en las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno en junio. Ahora, el alto tribunal necesita comprobar si ese trámite realmente fue corregido.
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- ¿Qué pasa si la Cámara no entrega las actas de la reforma pensional?
- La Corte Constitucional podría frenar la revisión de la reforma pensional, dejando en el limbo la ley clave del Gobierno Petro.
- ¿Por qué son tan importantes las actas de las plenarias de junio?
- En ellas se debe comprobar si el trámite cumplió con los votos y el quorum necesarios para subsanar un posible vicio de procedimiento.
- ¿Qué impacto tendría la decisión de la Corte en los pensionados?
- Si se invalida el trámite, la reforma pensional podría caerse o retrasarse, afectando la entrada en vigencia de cambios al sistema de pensiones.
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