A solo 11 días de la primera vuelta presidencial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia al gobierno del presidente Gustavo Petro por la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados ilegales y por la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de esas estructuras.
Aunque reconoció que tanto la creación de estas zonas como la solicitud de levantar órdenes de captura e incluso peticiones de extradición hacen parte de las facultades constitucionales del jefe de Estado, Marín aseguró que esas decisiones deben cumplir requisitos estrictos que, según dijo, hoy no están garantizados.
La defensora pidió al Gobierno reevaluar las medidas adoptadas, al considerar que pueden generar riesgos para las comunidades en medio del actual ambiente electoral y de seguridad que vive el país.
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“Se está avanzando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. En este momento, no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición”, dijo la funcionaria.
Según explicó, la administración nacional no ha presentado una motivación suficiente sobre aspectos fundamentales como la delimitación territorial y temporal de las zonas, los mecanismos de control y verificación, ni las condiciones concretas que permitan justificar su implementación dentro de un proceso de paz realmente avanzado.
“El avance de las Zonas de Ubicación Temporal genera expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno. Aun suponiendo que las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es virtualmente imposible que el desarme se dé antes del 7 de agosto”, agregó.
Para Marín, la existencia de un proceso avanzado implicaría que esas zonas estuvieran encaminadas a objetivos verificables como la dejación de armas, el tránsito a la legalidad o, en el caso de estructuras criminales, el sometimiento efectivo de sus integrantes al Estado de derecho. Sin embargo, advirtió que actualmente no existen elementos que permitan concluir que esos propósitos puedan cumplirse antes del cambio del Gobierno.
En conclusión, los riesgos identificados por la defensora son, en síntesis, que las decisiones se están tomando sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas y que las zonas pueden convertirse en un incentivo o generar expectativas políticas y judiciales para grupos armados en pleno periodo electoral.
Finalmente, alertó sobre una posible afectación a pueblos étnicos que históricamente han sufrido las consecuencias de la presencia y expansión de organizaciones armadas ilegales en sus territorios.
Las declaraciones de la defensora provocaron una rápida reacción desde diversos sectores. La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta cuestionó el pronunciamiento de Marín y defendió las zonas de ubicación como un mecanismo para reducir la presión armada durante las elecciones.
“Les voy a mostrar lo que al parecer es la mayor molestia de la derecha en el país, incluida la señora defensora, con los procesos de paz concreta: que los grupos al margen de la ley, en el campo y la ciudad, se comprometan a no interferir en elecciones”, escribió Zuleta.
La congresista aseguró además que todos los grupos con los que dialoga el Gobierno se han comprometido a no intervenir en la jornada electoral, razón por la que calificó como una “falacia” la advertencia de la defensora sobre posibles riesgos derivados de las concentraciones en las ZUT.
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Según Zuleta, precisamente el objetivo de estas medidas es permitir que las elecciones se desarrollen sin presiones armadas sobre las comunidades y los votantes. “La expectativa es de interés superior: unas elecciones libres”, afirmó la senadora, quien además cuestionó si desde la Defensoría no existe interés en respaldar mecanismos que desestimulen la influencia de actores armados sobre el proceso electoral.
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