Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada este martes luego de que la candidata presidencial Vicky Dávila revelara un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, señalado cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, en el que asegura haber financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y haber entregado dinero al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.
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El material, divulgado en medio del contexto político que rodea la reunión bilateral entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye declaraciones del propio Tuluá, quien afirma que hizo aportes económicos a la campaña del hoy jefe de Estado y que cuenta con pruebas para sustentar sus señalamientos.
Tras conocerse el audio, la Red de Veedurías Ciudadanas presentó la primera denuncia formal solicitando a la Fiscalía que adelante investigaciones urgentes para esclarecer los hechos y determinar si existió financiación irregular o vínculos indebidos con estructuras criminales durante el proceso electoral.
El presidente de esa organización, el abogado Pablo Bustos, aseguró que el contenido del audio podría constituir un elemento probatorio relevante. Según dijo, las declaraciones del presunto cabecilla criminal reavivan las dudas sobre el llamado “Pacto de La Picota” y sobre las visitas realizadas a centros penitenciarios durante la campaña presidencial.
“El audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles iban más allá de los propósitos de paz total. Además, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022”, señaló Bustos en el documento radicado.
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En la grabación, el propio Tuluá asegura: “A su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, una afirmación que, de confirmarse, podría tener implicaciones judiciales tanto en materia electoral como penal.
El señalado cabecilla también advierte que las supuestas evidencias que respalden sus declaraciones serán entregadas a la justicia de Estados Unidos, país donde enfrenta procesos judiciales. Según afirma, su intención es demostrar que los señalamientos en su contra por narcotráfico son falsos.
La Fiscalía deberá ahora evaluar la autenticidad del audio y, de ser necesario, activar mecanismos de cooperación judicial internacional para solicitar las pruebas mencionadas por el detenido. Por el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional frente a estas acusaciones.
El caso abre un nuevo capítulo de controversia política y judicial que podría impactar el debate público en los próximos meses.
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