Por medio de una carta diplomática, la Cancillería de Ecuador aseguró que las declaraciones de Petro solo complican más la relación diplomática entre ambas naciones y le recordó los delitos de Glas.
En la tarde del 7 de abril, Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, es un “ciudadano colombiano y un preso político”. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ni para la Cancillería de aquel país, que envió una nota diplomática protestando por las palabras de Petro.
Así, se abre una nueva herida en la relación bilateral con el país fronterizo.
En el mensaje completo del presidente Petro, el mandatario aseguró que las condiciones de arresto de Glas serían, según él, paupérrimas.
“Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular Dejar morir a una persona de hambre, estando bajo el cuidado de un gobierno es un delito de lesa humanidad”, dijo.
En ese sentido, el jefe de Estado colombiano le pidió a las organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel internacional que volteen a mirar el caso.
Cabe recordar que Jorge Glas fue condenado por su participación en varios casos de corrupción vinculados principalmente a la empresa brasileña Odebrecht.
En 2017 recibió una pena de 6 años de prisión por asociación ilícita, al comprobarse que recibió sobornos a cambio de favorecer contratos públicos durante el gobierno de Rafael Correa.
Posteriormente, fue condenado en otros procesos: en 2020 a 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, relacionado con financiamiento ilegal de campañas políticas, y en 2021 a otros 8 años por peculado en el caso Singue, por irregularidades en un contrato petrolero.
En conjunto, las sentencias están ligadas a sobornos, mal manejo de recursos públicos y corrupción en la contratación estatal.
El tuit de Petro llegó hasta Ecuador, donde causó molestia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país mandó una nota diplomática al Gobierno colombiano para rechazar y protestar por las declaraciones del mandatario en X.
“El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, dice la nota.
La Cancillería de Ecuador defendió la legalidad de las decisiones adoptadas en el caso, al asegurar que provinieron de autoridades facultadas y se ajustaron al orden constitucional. Según el pronunciamiento, estas actuaciones se dieron “conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso”.
En ese contexto, el Gobierno insistió en la autonomía de su sistema judicial y advirtió que cualquier cuestionamiento externo desconoce principios básicos del derecho internacional, pues “cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”.
El comunicado también se refirió directamente a las declaraciones del presidente colombiano, al considerar que tienen un impacto negativo en la relación entre ambos países.
En ese sentido, la Cancillería ecuatoriana señaló que “las falsas declaraciones formuladas por el Presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”, marcando así un tono de creciente tensión bilateral.
Además, la institución incorporó un reclamo sobre la situación en la frontera compartida, apuntando a presuntas falencias del lado colombiano en materia de control territorial.
De acuerdo con la Cancillería, “la persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano [...] ha facilitado el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas”, vinculando este escenario con problemas de seguridad regional.
En la parte final del documento, el Gobierno ecuatoriano elevó el tono de sus exigencias al pedir respeto por su soberanía y acciones concretas en materia de seguridad.
En particular, reclamó “el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía” y solicitó “un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico”.
El presidente Petro no ha respondido a la nota diplomática.
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