El secuestro, una de las prácticas más crueles y persistentes del conflicto armado colombiano, vuelve a estar en el centro del debate tras el anuncio del ELN de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que permanecen en su poder desde hace más de cinco meses.
Los secuestrados, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, fueron secuestrados el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, una de las zonas de mayor influencia del grupo guerrillero.
Contexto: Como en los peores años del conflicto: ELN publica pruebas de vida de funcionarios del CTI
En un comunicado firmado por el Frente de Guerra Oriental “Manuel Vásquez Castaño”, el ELN sostuvo que “agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada” con el Gobierno y la Fiscalía, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia “pasarán a juicio revolucionario”. Según el texto, podrían recibir penas de entre tres y siete años de prisión, con la posibilidad de mantener correspondencia con sus familias durante el proceso.
El grupo armado argumentó que durante varias semanas propuso un canje de prisioneros, pero que la falta de respuesta del Estado los llevó a adoptar lo que llaman un “mecanismo interno de justicia”. En el comunicado no se detalla el lugar donde se encuentran los secuestrados ni las condiciones de su cautiverio.
Hasta ahora, las autoridades nacionales no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio. Ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Policía Nacional, ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han confirmado la autenticidad del comunicado ni la situación actual de los funcionarios.
Hace apenas dos meses, el grupo guerrillero publicó un nuevo video con pruebas de vida a los dos funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.
En las imágenes, los funcionarios, vestidos con ropa civil, sentados en medio de la selva, envían mensajes a sus familias y hacen un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que interceda por su liberación.
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