El presidente Gustavo Petro arremetió contra la firma ASD, cuestionando su software y su papel en el preconteo electoral, pese a que la empresa ya salió de la unión temporal para 2026.
No cesa la andanada de señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral colombiano, justo a menos de 15 días para que se realicen las elecciones legislativas y las consultas presidenciales. Ahora, a lo largo de este martes, el jefe de Estado enfiló contra una de las firmas que en el pasado estuvo a cargo del proceso y a la que señaló de ser filial de Thomas and Greg and Sons.
Se trata del Grupo Asesoría en Sistematización de Datos o Grupo ASD SAS, a la que el mandatario atribuyó ser responsable del preconteo “que determina lamentablemente las elecciones en Colombia”. Según el presidente, la firma orquestó supuesto fraudes –uno de ellos en Honduras– y ahora habría sido nuevamente contratada para estar a cargo del proceso en Colombia durante 2026.
Sin embargo, hace más de un mes, el 20 de enero, ASD renunció a la unión temporal encargada de las elecciones y el 13 de febrero la Registraduría dio vía libre a su salida. En su lugar, asumió la sociedad Manejo Técnico de Información S.A.
Según alegó Petro, el software de ASD “es vulnerable”. En esa línea, la responsabilizó por hechos de fraude electoral en 2014, en las elecciones legislativas de 2022 –hubo “perdida de 400.000 votos que después recuperamos”, dijo– y supuestas irregularidades en la elección de los Consejos Locales de Juventud.
“Está empresa la ASD es la encargada de preconteo para las elecciones de congreso y presidenciales del 2026”, dijo el jefe de Estado, quien señaló sin más que “hoy el escrutinio de preconteo y otros lo tiene la empresa Thomas and Greg and sons”.
Esta última es una firma que saltó a la palestra pública por su participación en la elaboración de los pasaportes, pero que desde 2010 ha ganado varias licitaciones para organizar los comicios, entre ellos, las elecciones regionales de 2011 en las que Petro resultó ganador, así como las pasadas presidenciales de 2022.
En medio de la controversia, el dirigente político Daniel Briceño sostuvo que la empresa ASD ha tenido contratos con el actual Gobierno por más de $154.525 millones en diferentes procesos contractuales. La contratación ha sido con entidades como el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), el Ministerio de Vivienda o la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
Además, el exconcejal de Bogotá denunció que Natalí Carmona, a quien Petro presentó como testigo de presuntas irregularidades en el preconteo de 2022 en Pereira, también ha tenido contratos con el actual Gobierno por $379 millones.
De acuerdo con Petro, con base en los señalamientos de Carmona, “ASD en Pereira usó su espacio físico con cerca de 600 personas contratadas para llenar formularios con casillas en blanco, cuyos datos eran remitidos por llamadas de personas que hicieron incluso antes del cierre de elecciones”.
El mandatario señaló que la supuesta instrucción de los contratistas era rellenar “los formularios con la información que recibían por llamadas y las casillas que sobraban se dejarán en blanco” (SIC).
Para el exministro Alejandro Gaviria, con este tipo de señalamientos el jefe de Estado intenta desprestigiar el sistema electoral ante un revés en las próximas elecciones.
“Viene una gran amenaza para la democracia colombiana. Si pierde su candidato o partido, Petro no va a reconocer los resultados. Es una maniobra populista bien conocida, no por ello menos peligrosa”, alegó.
A su turno, el precandidato David Luna señaló que Petro es consciente de que “su candidato va perdiendo”, por lo que presuntamente “está preparando el discurso para incendiar el país el día después”.
“Si tiene las 4.200 mesas, las ‘iteraciones’, los algoritmos y las pruebas que dice tener, preséntelas ante los jueces. Pero no use la Presidencia para deslegitimar anticipadamente el voto de millones de colombianos. La democracia no es válida solo cuando usted gana”, indicó.
Previamente, altas cabezas del Estado como el procurador Gregorio Eljach o el registrador Hernán Penagos defendieron la validez del proceso y ofrecieron garantías para el desarrollo democrático de los comicios.
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