Hace pocas horas y de acuerdo con información difundida por El Tiempo, se conoció que el Gobierno colombiano abrió la puerta para entablar acercamientos exploratorios con la banda criminal La Inmaculada, señalada de sembrar terror en Tuluá y el norte del Valle del Cauca.
En ese sentido, el Presidente Gustavo Petro firmó un decreto que autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a establecer los primeros contactos con esta estructura de crimen organizado, encabezada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien además enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos.
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La resolución, fechada al 5 de diciembre, delega al director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, y a dos de sus funcionarios la tarea de adelantar estos acercamientos bajo estricta confidencialidad y siguiendo las instrucciones transmitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Consultado por El Tiempo, Lemus afirmó que por ahora el proceso está en su fase inicial: “Estamos caracterizando a miembros de La Inmaculada, aún no nos hemos sentado con ellos”, señaló.
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¿Qué condiciones puso alias Pipe Tuluá
El punto que marcó la jornada fue conocer la principal condición que ‘Pipe Tuluá’ puso sobre la mesa para iniciar un diálogo formal: ser trasladado a una cárcel en Tuluá, municipio en el cual ha manifestado tener arraigo y donde, según él, podría facilitar la entrega de armas y de los jóvenes reclutados por su organización.
Lemus confirmó al diario bogotano esta petición, aunque aclaró que no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
Cuando le se preguntó si en las comunicaciones preliminares se había discutido frenar su extradición, el funcionario fue enfático: ‘Pipe Tuluá’ manifestó su intención de enfrentar el proceso ante la justicia estadounidense, y ese trámite “sigue avanzando” sin alteraciones. “Él sigue en la cárcel en la que estaba. No se ha trasladado”, puntualizó.
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Por su parte, la abogada del cabecilla, Angélica Martínez, planteó una visión distinta. Aseguró que el componente de paz debería primar sobre la extradición, pues permitiría que las víctimas del conflicto urbano de La Inmaculada conozcan la verdad y no sean revictimizadas por decisiones del Estado. “Para mí, prima la resolución de paz”, afirmó, y recordó que en cualquier proceso de este tipo “no hay ninguna mesa en el país en la que su líder o cabecilla no esté presente”.
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