Un esquema de protección debilitado y un anillo de seguridad mal diseñado forjaron la brecha que facilitó la aproximación del sicario adolescente que atentó contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
A medida que salen a la luz nuevos videos, se observa la vulnerabilidad que tenía el político de oposición, quien llevaba varios meses pidiéndole a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le reforzara su equipo de escoltas, sin éxito.
Las grabaciones de los asistentes al mitin político en la tarde del sábado anterior, en un parque del barrio Modelia de Bogotá, muestran al joven sicario ingresando a la multitud.
El muchacho de 14 años observó a su objetivo de frente, a pocos metros de distancia, mientras este le hablaba a sus seguidores, parado en unos cajones de cerveza.
Lo fue rodeando, caminando entre el gentío, hasta ubicarse a sus espaldas. Allí esgrimió una pistola Glock de calibre 9 milímetros y le disparó en la parte trasera de la cabeza. Cuando Uribe se desplomó, intentó rematarlo con otro balazo, que se incrustó en su pierna derecha.
Uno de los escoltas reaccionó al ver al precandidato en el suelo y abrió fuego, produciéndose un cruce de disparos que dejó a dos ciudadanos lesionados y al propio agresor.
El adolescente huyó algunos metros cojeando y disparando, hasta que fue alcanzado en una esquina y sometido a la fuerza.
La evidencia recopilada hasta el momento deja serias dudas sobre el procedimiento de seguridad de los escoltas.
Para iniciar, no había nadie cubriendo la espalda del custodiado, como se acostumbra, según un agente de seguridad consultado por este diario, quien solicitó la reserva de su identidad por tratarse de un expediente en curso.
“Tampoco había personas cubriendo las entradas y salidas de la cuadra. No había un perímetro. Por eso se ve en los videos que los escoltas van corriendo detrás del sicario, en vez de haberlo interceptado de frente en una de las salidas de la manzana, para que no se alejara”, explicó.
Las grabaciones de celular dejan ver a dos guardaespaldas de la UNP, uno de ellos cerca del senador y otro a unos metros, intentando formar un segundo anillo de protección. El más externo estaba conformado por dos patrullas de Policía (cuatro uniformados), en un andén del parque; quien reaccionó primero y le disparó en la pierna al sicario fue el segundo escolta de la Unidad.
Otro de los errores se observa en la distancia mínima esencial entre el protegido y la muchedumbre, que no fue delimitada por los escoltas, lo que facilitó la aproximación del tirador.
“Con los políticos es difícil establecer esa distancia, porque ellos quieren mostrarse cercanos a la gente, abrazar a las señoras y tomarse fotos, pero es la obligación del guardaespaldas en el momento del discurso, cuando está más vulnerable, crear una distancia de varios metros a la redonda entre el protegido y las masas. Esto ayuda a reconocer a un potencial sospechoso antes de que esté encima, y también esa distancia hace más difícil que puedan acertar en el blanco. Por lo que se ve en el video, el sicario le dio en la cabeza porque estaba pegado a él”, narró el experto.
Una de las principales razones para estos baches tiene que ver con una grave reducción del personal asignado a la seguridad del congresista, que al Gobierno Nacional le tocó reconocer públicamente.
“Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, declaró en la tarde de este lunes el presidente Gustavo Petro.
El asunto fue más delicado, pues al final de cuentas tampoco había tres, sino dos guardaespaldas de la UNP, porque el tercero estaba ausente bajo una modalidad conocida como “autorelevo”, que se presenta cuando un escolta sale a descansar esperando que lo reemplace otro compañero que esté de turno ese día, el cual al parecer no llegó.
Otra duda que surge al respecto es cuál era el nivel de protección otorgado a Miguel Uribe, para tener una estructura de seguridad tan reducida en un evento público.
Un funcionario de la UNP, que también habló con EL COLOMBIANO bajo la condición de anonimato, recordó que la entidad estatal tiene tres categorías para medir el nivel de riesgo de una persona.
Son, en orden de menor a mayor: Riesgo Ordinario, Extraordinario y Extremo. Cada una de esas categorías se divide a su vez en niveles de 1 a 5.
“Por su condición de senador, el doctor Uribe estaba en la categoría de riesgo extraordinario nivel 3. La protección que se otorga en esos casos comienza con un chaleco antibalas, un celular para comunicaciones con la central, dos escoltas, el conductor y una camioneta blindada. Dependiendo de otras circunstancias, se puede robustecer el esquema con apoyo de otras fuerzas”, acotó el funcionario.
Actualmente hay muy pocas personas clasificadas con Riesgo Extremo, entre ellas el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo esquema de seguridad puede sumar más de 20 personas y vehículos con blindaje de nivel 5.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, “por una presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad a los miembros del Centro Democrático (CD)”.
El Ministerio Público, en cabeza de Gregorio Eljach, indicó en un comunicado que “desde 2023 el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la revisión, fortalecimiento y garantía de los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos”, en el entendido de que Miguel Uribe es integrante del CD.
Las pesquisas iniciaron con la solicitud a la UNP de un informe detallado sobre las medidas adoptadas para proteger a los militantes de ese movimiento político de oposición, y así identificar si se han presentado faltas disciplinarias.
Esta no es la primera vez que las autoridades indagan los resultados de Rodríguez frente a una floja protección de los dignatarios. Al Congreso de la República ha tenido que ir en varias oportunidades a dar argumentaciones sobre los asesinatos de líderes sociales, muchos de ellos protegidos por su entidad.
En lo corrido de 2025 han matado 74, según la ONG Indepaz; el año pasado fueron 173, y en 2023 se registraron 188 víctimas.
En cuanto al caso de Uribe, Rodríguez declaró que “la UNP ha cumplido con su compromiso de la protección del senador. Se genera una situación de la dinámica del servicio que, para el momento en que ocurrió la situación, había menos personas de las que deberían haber”.
A modo de explicación, dijo que “hubo unas situaciones que para el día del evento fueron lamentablemente coincidentes. El senador terminó su día laborable a las 3:00 de la madrugada y las personas de ese esquema tuvieron que ir a sus casas y luego regresar desde la UNP a las 2:00 de la tarde a recogerlo en un punto y luego desplazarse hacia el sitio, donde había una actividad que no había sido avisada ni coordinada con las dos entidades de protección, sino que era un evento que manejaba, y había puesto unos volantes publicitarios, un edil de Engativá”.
Reiteró que era un esquema de seguridad mixto, entre la UNP y la Policía, y que su coordinador “es un miembro de la policía, un vicecomisario, y orientó y dispuso el esquema de esa manera”.
La aparente falla del escolta de la UNP que estaba en autorelevo y no fue reemplazado a tiempo, provocó una cascada de advertencias entre las empresas contratistas de la entidad.
La firma Unión Temporal Andinos, por ejemplo, expidió un boletín interno para sus trabajadores, precisando que “ninguna persona de protección puede manejar en la modalidad de autorelevo compensatorios, licencias, incapacidades, permisos y demás novedades administrativas, que no le permitan prestar el servicio de protección, sin que exista previa autorización por parte de la UNP (...). En caso de que no informen estas novedades, se tomará como abandono de servicio e incumplimiento de su contrato laboral”.
Los investigadores del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía asignados al esclarecimiento del atentado ya entrevistaron a 23 personas que se encontraban en el lugar de los hechos, incluyendo a los escoltas que fallaron en su deber de proteger a Uribe Turbay.
Este caso se une al de otros dignatarios en la historia de la política colombiana, en los que la protección del Estado fue insuficiente para frenar a los violentos.
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