La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó un recurso de reposición interpuesto por los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, pero concedió la apelación para que la Sección de Apelación de este tribunal estudie la decisión que declaró la competencia de la JEP para investigar la presunta participación de las extintas Farc en el magnicidio del líder conservador.
La determinación está contenida en la Resolución No. 2 del 10 de septiembre de 2025, con la que se resuelven los recursos presentados por Enrique Gómez Martínez, María Mercedes Gómez Escobar (sobrino e hija de Gómez Hurtado, respectivamente) y Socorro Bohórquez Castañeda (cónyuge de José del Cristo Huertas Hastamorir) en contra de la Resolución No. 1 del 4 de julio de 2025.
En esa primera decisión, la Sala había asumido la competencia sobre el caso tras el reconocimiento público que hicieron exintegrantes del Secretariado de las Farc el 3 de octubre de 2020, donde afirmaron su responsabilidad en los homicidios de Gómez Hurtado y otras seis personas.
Los familiares de las víctimas argumentaron en su recurso que la JEP fundamentó su competencia “de manera exclusiva en versiones voluntarias no corroboradas”, equiparando el robusto acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación con “testimonios de oídas”.
Sostuvieron que la decisión de la JEP contradice las hipótesis avanzadas por la jurisdicción ordinaria, donde el asesinato de Gómez Hurtado fue declarado crimen de lesa humanidad y se investigaban indicios de un crimen de Estado con posible participación del Cartel del Norte del Valle y sectores del poder político.
Además, afirmaron que el proceso en la JEP ha implicado la suspensión de las investigaciones en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por más de cinco años.
Al negar el recurso de reposición, la Sala de Reconocimiento explicó que su decisión inicial no tuvo como objeto determinar la responsabilidad de las Farc ni desacreditar las hipótesis de la justicia ordinaria. Por el contrario, señaló que el objetivo fue únicamente “la verificación de los criterios personal, temporal y material que permitan afirmar o desestimar la competencia de la Sala en el presente asunto”.
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