La Fiscalía anunció la vinculación de seis exfuncionarios del Estado y un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su presunta participación en los hechos de violencia contra la periodista Jineth Bedoya Lima en la cárcel La Modelo de Bogotá .
Informó que los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; al exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; al exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; al exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; al exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y al exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.
Según la investigación, se habrían omitido funciones de control, facilitado el ingreso de armas a la cárcel y permitido el fortalecimiento de estructuras paramilitares al interior del penal.
Las conductas investigadas corresponden a concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. La Fiscalía precisó que el proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, sin perjuicio de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Antecedentes del caso
El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue convocada a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al paramilitar conocido como alias El Panadero. Aunque contaba con todos los permisos oficiales para ingresar, fue retenida en la entrada por varias horas en circunstancias poco claras.
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Una vez dentro del penal, fue interceptada y posteriormente secuestrada por un grupo armado. Durante 16 horas estuvo bajo cautiverio, tiempo en el cual fue torturada y violentada sexualmente en presencia de guardianes del Inpec y de miembros de la Policía.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la razón aparente de estos hechos estuvo relacionada con publicaciones de la periodista sobre redes de tráfico de armas, homicidios y prácticas ilegales en las cárceles del país. Dichos reportajes evidenciaban la complicidad de autoridades penitenciarias y de algunos funcionarios estatales, lo que habría motivado el ataque en su contra.
El caso tuvo repercusión internacional en 2021, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones sufridas por la periodista y ordenó medidas de reparación y garantías de no repetición.
Como parte de la condena emitida en 2021, se ordenaron medidas de reparación, la creación de un centro de memoria para mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y la difusión del programa ‘No es hora de callar’ en medios públicos.
A lo largo de 25 años, Bedoya impulsó múltiples acciones judiciales en Colombia y en instancias internacionales. Aunque la falta de avances contra los responsables intelectuales llevó a la periodista a anunciar, el 28 de abril de 2025, su retiro definitivo del proceso judicial en Colombia.
Ese día, a través de su cuenta en X, escribió: “Hoy he tomado la decisión más difícil tras 25 años de mi secuestro y ante la inoperancia de la Fiscalía: DESISTO irrevocablemente de mi aspiración de justicia en Colombia. Queda para la historia del país la impunidad de mi caso. Mi trabajo, desde el periodismo, seguirá adelante”.
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