El escándalo por los supuestos beneficios ofrecidos desde el gobierno de Gustavo Petro al Clan del Golfo escaló este viernes a un nuevo nivel. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella acudirá a la justicia de Estados Unidos para que investigue las denuncias sobre presuntos compromisos adquiridos con esa organización criminal durante los primeros meses de la política de Paz Total.
La decisión se conoce una semana después de que una investigación periodística revelara audios en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con alias Jerónimo, uno de los jefes políticos del Clan del Golfo, sobre eventuales medidas para disminuir la presión de la Fuerza Pública contra esa estructura armada.
En contexto: De la Espriella ordenó investigar presuntos beneficios al Clan del Golfo y llevarlos ante justicia de EE. UU.
Restrepo explicó que la administración entrante ya radicó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca los hechos y ahora dará el siguiente paso ante las autoridades estadounidenses, al considerar que las denuncias podrían involucrar delitos relacionados con recursos provenientes del narcotráfico.
Según el vicepresidente electo, existen elementos que obligan a poner la información en conocimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues, de comprobarse los hechos, podrían existir operaciones ligadas al lavado de activos o a recursos ilícitos derivados de actividades de la mafia, asuntos que también son de interés para las autoridades norteamericanas.
“Porque en el fondo, detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además, han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero”, indicó.
Además de acudir a la justicia internacional, Restrepo señaló que el comité de empalme del nuevo gobierno hará seguimiento a las explicaciones que entregue la administración saliente durante el proceso de transición y solicitará información detallada sobre las actuaciones adelantadas en el marco de los acercamientos con el Clan del Golfo.
La decisión materializa una instrucción impartida días atrás por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ordenó a su equipo de empalme evaluar la información disponible y promover acciones penales, disciplinarias y administrativas contra los funcionarios que eventualmente hubieran participado en esos hechos.
En ese momento, De la Espriella calificó las revelaciones como un asunto de “máxima gravedad institucional” y ordenó analizar la posibilidad de remitir el expediente a las autoridades estadounidenses y a otros organismos internacionales, en caso de que las conductas investigadas comprometieran obligaciones internacionales del Estado colombiano.
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Fiscalía amplía investigaciones sobre beneficios al Clan del Golfo
Mientras el nuevo gobierno prepara las denuncias internacionales, la Fiscalía General de la Nación confirmó que abrirá una nueva línea de investigación sobre las revelaciones conocidas en los últimos días.
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El ente investigador informó que incorporará dos denuncias recientes a un expediente preliminar que ya adelantaba por otros presuntos hechos relacionados con grupos armados ilegales. Las nuevas actuaciones no solo involucran al excomisionado Danilo Rueda, sino también al exministro de Defensa Iván Velásquez, quien ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los encuentros revelados.
La investigación busca establecer si existieron actuaciones irregulares en el marco de los acercamientos con el Clan del Golfo y si desde el Gobierno se ofrecieron beneficios que excedieran las facultades legales para facilitar un eventual sometimiento de esa organización criminal.
De manera paralela, la Procuraduría General también abrió una investigación disciplinaria contra Rueda y Velásquez. En ese proceso fueron incluidos igualmente el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el entonces jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía.
El Ministerio Público indaga denuncias según las cuales, presuntamente, se habrían realizado reuniones en la Dirección Nacional de Inteligencia con personas vinculadas al narcotráfico para facilitar contactos políticos que respaldaran un proyecto de sometimiento del Clan del Golfo y para establecer canales de comunicación con los máximos dirigentes de esa organización.
Los audios que salpican a Danilo Rueda con el Clan del Golfo
En los audios conocidos públicamente, el entonces comisionado de Paz habla de medidas encaminadas a reducir la presión militar sobre las zonas de influencia del grupo armado y menciona decisiones relacionadas con los bombardeos y con procesos de depuración dentro de organismos de inteligencia.
En otras conversaciones, el cabecilla criminal plantea la necesidad de levantar órdenes de captura y solicitudes de extradición contra integrantes del Clan del Golfo, mientras Rueda expone que el Gobierno avanzaba en medidas destinadas a generar confianza durante las conversaciones.
Las grabaciones también hacen referencia a un supuesto “congelamiento” de operaciones entre las partes, así como a la salida de oficiales de inteligencia que venían adelantando investigaciones contra esa estructura criminal.