Por estos días, el presidente Gustavo Petro sigue de cerca la extradición desde España de Gerley Sánchez Villamizar, alias Mono Gerley, un nombre poco familiar para la opinión pública, pero descrito por el propio mandatario como un poderoso lavador de activos al servicio del ELN y pieza de la llamada “Junta del Narcotráfico” cuya existencia y composición siguen rodeadas de sombras.
Sánchez fue capturado en diciembre de 2025 en Madrid, donde se había instalado meses antes, cambiando constantemente de residencia y moviéndose con bajo perfil. La investigación lo señala de integrar desde 2004 el Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura comandada por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, considerado uno de los jefes militares más influyentes de esa guerrilla. Dentro de ese frente, habría escalado hasta convertirse en tercer cabecilla y operador clave en finanzas ilícitas.
Los expedientes lo ubican como enlace entre laboratorios en Arauca, rutas hacia Venezuela y pistas clandestinas en el sector de Puerto Páez. Desde allí, la cocaína seguiría rutas internacionales con destino a Surinam y México, este último en presunta coordinación con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades le atribuyen, además, la articulación de un sofisticado sistema de blanqueo que habría movido más de 240 millones de dólares mediante empresas fachada, casas de cambio y compras de bienes.
Sin embargo, más allá del prontuario que describen los informes de inteligencia, lo que ha llamado la atención es la insistencia del presidente Petro en vincularlo con la supuesta “Junta Directiva del Narcotráfico”. Petro lo ha presentado como uno de los mayores lavadores de dólares del país. El problema es que, oficialmente, no existe una estructura judicialmente delimitada con ese nombre ni un listado claro de integrantes.
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En el bajo mundo, la llamada junta, también conocida como el cartel de los Llanos o de Bogotá, ha sido descrita durante años como una red empresarial del narcotráfico surgida en los noventa, con tentáculos en zonas esmeraldíferas, los Llanos Orientales y la capital. Varios de sus supuestos fundadores fueron extraditados a Estados Unidos y regresaron al país tras cumplir condenas, lo que desató disputas internas y homicidios selectivos. Pero su composición actual es difusa, y su existencia formal, más una categoría de inteligencia que una organización con organigrama conocido.
Ahí radica la controversia. Mientras la captura y extradición de “Mono Gerley” sí reposan en expedientes por lavado de activos y financiación del terrorismo, la idea de que encarne a una “junta” con capacidad de mover los hilos del narcotráfico nacional depende, en buena medida, de información reservada y de afirmaciones políticas que aún no han sido plenamente ventiladas.
“Él sabe, y mucho, sobre todo del paso en el Eln, que tuvo un cura católico al frente, varios, y se volvió traquetísimo y asesino y se olvidó de los curas y de todo eso (...) Ese señor, el ‘Mono Gerley’, sabe toda esa transición, y cómo es y en dónde y con quiénes. Entonces ese señor tiene que llegar aquí extraditado, y la Fiscal General tiene que ayudarnos”, sostuvo el presidente Petro.
La extradición del señalado operador financiero podría convertirse en una oportunidad para esclarecer si esa estructura realmente opera como un directorio criminal con miembros identificables o si se trata de una etiqueta amplia que agrupa alianzas cambiantes entre guerrilla, mafias regionales y redes internacionales. Por ahora, lo cierto es que el nombre de Gerley Sánchez Villamizar pasó de moverse en voz baja en informes de inteligencia a ocupar un lugar central en el discurso presidencial sobre el poder oculto del narcotráfico en Colombia.
Por eso, el mandatario le encomendó a la Fiscalía que, en este caso, “no puede volver a ocurrir lo de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que es el mayor contrabandista de nuestra historia, con muchos vínculos con senadores, que están en campaña hoy, y allá en la Policía y dentro de los gobiernos y dentro de la Fiscalía”.
Según Petro, “en la Fiscalía pasó algo extrañísimo, que hoy denuncié, y es que no lo pidieron en extradición, porque no le imputaron cargos”, y la Fiscalía “solo se dedicó a investigarlo después de 2023, a ver si caía Petro; no encontró pruebas, como siempre, y entonces no investigó lo de 2023 para atrás, y resulta que hay varios gobiernos profundamente comprometidos”.
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