El abogado de Miguel Uribe se pronunció demostrando inconformidad. Estos son los detalles.
A pocas semanas del asesinato del senador Miguel Uribe, la justicia dio a conocer una de las primeras decisiones en el caso: un juzgado de Bogotá impuso una pena de siete años al adolescente que, el pasado 7 de junio, disparó contra el congresista en el barrio Modelia. Se trata de la primera condena contra un implicado directo en el magnicidio.
La decisión judicial establece que el menor deberá cumplir siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada. Durante la investigación se determinó que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque.
El 7 de junio, de acuerdo con el proceso, fue citado en el barrio Modelia, donde, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, una pistola Glock calibre 9 mm.
Con el arma en su poder, descendió del automóvil, caminó hasta el parque El Golfito —donde el senador Miguel Uribe participaba en una concentración política— y abrió fuego contra él.
En su intento de huida, fue interceptado por el esquema de seguridad del precandidato y entregado a las autoridades. Durante la audiencia de acusación, realizada el 4 de agosto, aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Siete días después, el senador y precandidato presidencial murió a causa de las heridas.
La sanción impuesta quedó enmarcada dentro de los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Al respecto, el abogado Víctor Mosquera, defensor del fallecido senador, reconoció que se trata de una de las penas más altas contempladas para menores de edad. Sin embargo, advirtió que “no se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
Agregó que la legislación para adolescentes termina por “incentivar que el crimen utilice a menores, al no existir un castigo real y efectivo”.
Por el asesinato del senador, hasta el momento han sido capturadas seis personas. En un inicio, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con tentativa de homicidio, dado que la víctima seguía con vida. No obstante, el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto tras dos meses de lucha en el hospital, modificó de fondo el panorama judicial para los implicados.
El proceso tuvo modificaciones para cuatro de los seis capturados: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.
Fueron imputados por el delito de homicidio agravado con un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel. Puede aumentar dependiendo de los agravantes.
En el caso del adolescente, la imputación no tuvo ninguna variación porque, cuando el senador murió, el joven ya había sido acusado formalmente por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que aceptó. De acuerdo con la legislación colombiana, la Fiscalía solo puede modificar la calificación jurídica de los hechos hasta antes de la audiencia de acusación formal, etapa que en este caso ya se surtió.
Desde que fue aprehendido, permanece recluido en el búnker de la Fiscalía General bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Durante el proceso, ante un juez de Bogotá, el joven pidió perdón. Reconoció que le ofrecieron 20 millones de pesos por cometer el crimen, aunque afirmó que nunca supo contra quién iba dirigido el ataque. A su alrededor se teje un drama familiar: una infancia marcada por la violencia, la muerte temprana de su madre y el maltrato de su padre, quien finalmente lo abandonó.
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