La Fiscalía General de la Nación judicializó al mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a Luisa Fernanda Salgado Fernández señalados de integrar un entramado ilegal de infiltración en operaciones militares e inteligencia en Bogotá y Cundinamarca, sin autorización de las autoridades competentes.
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De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La mujer, haciéndose pasar como capitán, asumió funciones exclusivas de los oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y tuvo acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.
Según la Fiscalía, entre los datos obtenidos figuraban indagaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios como el mismo presidente Gustavo Petro, y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, incluido el ‘Tren de Aragua’.
El sargento segundo Cristian Padilla Villanueva es señalado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, permitirle interactuar con la tropa y vincularse a labores de inteligencia y entrenamiento táctico.
La Fiscalía explicó que Padilla también habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular acceder a información estratégica sin cumplir protocolos de seguridad.
Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de un civil. Parte de este material se habría utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, lo que indujo en error a fiscales y jueces al creer que provenía de fuentes verificadas.
Los tres fueron capturados en diligencias conjuntas con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.° 3 del Ejército en Bogotá.
La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, en atención a su posible participación en los hechos investigados.
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