El litigio desatado entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa estadounidense Vertol Systems, por el incumplimiento en la reparación y mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército, pone en riesgo la principal estrategia de las autoridades para combatir la violencia rampante: las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA).
Así se lo confirmaron a este diario fuentes militares, luego de que la cartera de seguridad emitiera una resolución con una multa de 9 millones de dólares y la solicitud formal para la devolución de otros US$16 millones, que el gobierno había dado como anticipo para la ejecución del contrato a principios de 2025.
Colombia cuenta con 20 helicópteros MI-17 desde la década de los 80, los cuales ha empleado para el transporte de tropas y operaciones logísticas, dada su capacidad de espacio y potencia de vuelo, que le permite desplazarse con 24 soldados totalmente equipados, es decir, un pelotón completo.
Sin embargo, el uso de estas máquinas entró en crisis en 2022, debido a las sanciones que impusieron EE. UU. y Europa a Rusia, por su violenta invasión a Ucrania. Dichas restricciones bloquearon la comercialización y contratación de servicios militares rusos, incluyendo los acuerdos de mantenimiento que tenía Colombia para su flota aérea.
En consecuencia, la mayoría de los aparatos quedaron varados en los hangares y sus funciones fueron suplidas a medias por otras aeronaves, como los helicópteros de combate Black Hawk, a los cuales les caben 11 soldados equipados, y los Bell, que pueden cargar 13.
Debido a la antigüedad de los MI-17, no fue fácil encontrar un nuevo proveedor de repuestos y de manutención en el mercado, hasta que el Gobierno dio con la firma norteamericana Vertol Systems.
A principios de 2025, la Aviación del Ejército solo contaba con cinco de estos helicópteros en servicio, y la meta con el nuevo contratista era cerrar este año con 11 en funcionamiento.
Pero con el pasar de los meses aparecieron los problemas. El pasado mes de octubre, la Contraloría emitió una alerta por el posible detrimento patrimonial en ese contrato, dado que el MinDefensa había girado el millonario anticipo de US$16 millones y los helicópteros seguían varados.
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