Una presunta red de estafas judiciales estaría operando en el norte del país, transformando préstamos informales en falsas demandas por cuotas alimentarias. La denuncia, revelada por la revista Semana, señala que víctimas en Córdoba y otros departamentos han sido objeto de embargos sin haber sido notificadas previamente ni haber participado en procesos judiciales.
Según Semana, hay al menos tres denuncias formales en curso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en las que las víctimas afirman haber firmado papeles para acceder a un crédito en Montería y tiempo después, comenzaron a ver descontado el 50 % de su pensión por orden de jueces de municipios que, aseguraron, nunca han visitado.
Entre los afectados están Orlando Reyes, José del Carmen Torres y Juan Pablo Aguirre. Todos coinciden en el mismo patrón: luego del préstamo, aparecen procesos por alimentos en juzgados lejanos y desconocidos, sin que ellos hayan sido notificados o convocados a conciliación. Los nombres de los juzgados señalados abarcan municipios de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Cundinamarca.
En la denuncia se repite el nombre de una funcionara judicial. De acuerdo con Semana, esta funcionaria ya había sido investigada años atrás por un desfalco cuando fue tesorera en Aracataca, Magdalena. Aunque fue absuelta en segunda instancia, hoy nuevamente es señalada en medio de un escándalo judicial.
Tras conocerse las quejas, la jueza habría suspendido algunos embargos y enviado copias a las supuestas víctimas, pero no a los abogados implicados en los procesos, quienes también son cuestionados por actuar como representantes de demandantes ficticios.
Las víctimas alegaron que el dinero embargado no llega a hijos ni dependientes reales, sino a intermediarios que figuran como supuestos beneficiarios. “Se quedan con nuestra plata y los jueces lo avalan”, dijo uno de los afectados citado por Semana. La estafa, afirmaron, se da con apariencia de legalidad y con el respaldo de decisiones judiciales.
El informe periodístico también recoge testimonios que alertan sobre una práctica común en algunos sectores de la Rama Judicial, donde funcionarios se autoembargan o participan en este tipo de esquemas para evadir obligaciones o favorecer a terceros. “Es un secreto a voces”, advirtió una fuente reservada.
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La Comisión de Disciplina Judicial deberá establecer si se trata de casos aislados o de una red más amplia que involucra a múltiples juzgados del Caribe y otras regiones del país. Mientras tanto, las víctimas piden que se certifique la existencia de los procesos, se investigue a los funcionarios implicados y se levanten las medidas cautelares que afectan sus pensiones.
Horas antes de la publicación del informe, la jueza mencionada envió un derecho de petición a la revista y solicitando datos del periodista y la intervención del medio en la investigación, según se informó en el reportaje.
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